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lunes, 11 de julio de 2016


¿Un candidato menos?

EL FIN DE LA CARRERA POLÍTICA DE MEO TRAS AFFAIRE DEL AVIÓN





Impacto y sorpresa originó este fin de semana tras la publicación por el diario La Tercera de una entrevista con el  ex director internacional de la empresa constructora brasileña OAS, Augusto Uzeda, quien admitió que desde la institución se le prestó un avión por tres meses a Marco Enríquez-Onminami cuando se encontraba en medio de su campaña presidencial de 2013.
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Al mismo tiempo declaró que no entendía “por qué Marco Enríquez no habla con los periodistas de una manera clara y transparente sobre el arreglo que hubo con nosotros […] Me parece un tema tan banal, tan menor, que no entiendo por qué no lo transparentó”.
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Sobre esto, el diputado UDI Felipe Ward llamó a Enríquez-Ominami “dar la cara a la ciudadanía, hablar con la verdad y transparentar en qué consistió ese acuerdo,
“ahora que está totalmente acreditado que en la campaña de Marco Enríquez-Ominami se recibieron aportes del extranjero. Nos gustaría saber en qué consistió el acuerdo, ya que el empresario brasileño habla de un acuerdo”, declaró en un comunicado de prensa.
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“Es sumamente importante que Enríquez-Ominami hable con la verdad de una buena vez. Por ello, queremos saber que ofreció la campaña de ME-O ante ese aporte brasileño, la ciudadanía merece saberlo”, cerró.

En tanto, los diputados RN Paulina Núñez y José Manuel Edwards acusaron al líder del Partido Progresista de mentirle al país.
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“Marco Enríquez Ominami le mintió a todo el país, incluso a aquellos que confiaron para que él fuera Presidente de la República y hoy día lo que le pedimos es que diga la verdad, de una vez por todas. Sus donantes, desde Brasil, lo delataron y ese avión fue pagado por empresas extranjeras. Por lo tanto, lo que él ha dicho en los últimos meses, respecto incluso de la denuncia de los parlamentarios que hoy nos encontramos acá, es falso”, aseveró Núñez.

La diputada puso además sobre la mesa de debates aportes que habría hecho la empresa OAS a la campaña presidencial de la Presidenta Michelle Bachelet en 2013, versión que hasta ahora estaría en un nivel de sospechas.
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“Lo que está en juego es que empresas como OAS, que están cuestionadas en su país, vengan a producir obras que hoy están a mitad de camino, produciendo un perjuicio importante a las arcas fiscales y a los recursos de todos los chilenos (…)
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Esperamos que el Ministerio Público, con la misma celeridad con que ha actuado en los casos de boletas y facturas ideológicamente falsas en materia política, como corresponde, también actúe con celeridad en los casos de financiamiento ilegal desde el extranjero”, agregó.
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Por su parte, Edwards aseguró que “él dijo que fue un tema de desprolijidad y que no hubo un aporte desde fuera de Chile, aporte ilegal total y absolutamente. Esto confirma que él mintió”.
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“Veo difícil que con esta declaración no haya argumentos suficientes para las formalizaciones de todos quienes están involucrados, incluido Marco Enríquez-Ominami“, puntualizó.

El préstamo de la empresa, ligada a un escándalo de corrupción en Brasil, fue conocido en marzo de este año y es investigado en nuestro país por la fiscalía.

Uzeda, junto con ello confirmó que el jet privado fue cedido al fundador del PRO por una decisión de la compañía que, en ese entonces, era dirigida por Léo Pinheiro, quien fue condenado a 16 años de cárcel (marzo de este año)  tras el escándalo de corrupción política en el marco de la operación Lava Jato.

Mensaje de Meo
Un mensaje en Facebook escribió ayer Marco Enríquez-Ominami, contando una visita que realizó el sábado a un canal comunitario de TV en La Legua. “El conductor del programa (...) me dijo que no decayera, que siguiera adelante a pesar de los golpes. Hablamos de derrotar la pobreza y desigualdad, así como también de los temas con los que han querido deslegitimar nuestro proyecto político (...). Les faltará para derribar al PRO, el partido más transparente de Chile, según la Fundación Chile Transparente”, comentó en esa red social.
Esa fue su única intervención pública ayer, en la que no aludió a los dichos de Augusto Uzeda, ex director internacional de la empresa constructora OAS, sobre el avión que utilizó durante su campaña, en 2013, por un período de tres meses. Y tampoco respondió a las consultas de La Tercera para conocer su versión.
La fiscal Ximena Chong, jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, lleva adelante una investigación junto a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI para establecer si hubo algún delito tributario o alguna infracción a la Ley Electoral o a la normativa sobre donaciones.
Así, quienes están al tanto de la indagatoria dicen que, tras los dichos de Uzeda, la fiscal analiza solicitar la declaración del ex ejecutivo.
Las mismas fuentes explican que el mecanismo que utilizaría es comunicarse con autoridades brasileñas a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición (Uciex) del Ministerio Público para que la fiscalía de ese país le tome declaración, y que ese testimonio se envíe a Chile.
El domingo, Uzeda también aludió a la versión entregada por ME-O en marzo. “No sé por qué no habla con los periodistas de una manera clara y transparente sobre el arreglo que hubo con nosotros. Si OAS hizo una donación para Marco por una amistad personal, me parece un tema tan banal, tan menor, que no entiendo por qué no lo transparentó. Por qué no habló con la verdad”, dijo.
El 17 de marzo, luego que se revelara que utilizó ese avión en su campaña, Enríquez-Ominami dijo en radio Agricultura que con el avión “no hay aportes extranjeros” y que “lo pagamos nosotros”. Además, aseguró que su uso “se declaró por la vía publicitaria” y que había sido simplemente una “desprolijidad” no haber declarado ante el Servel el gasto específico sobre ese jet.

En la misma línea, días antes el vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, señaló que “el avión fue parte del paquete que ofreció la agencia brasileña que vino a Chile”. Esa vez, Lagos también añadió la siguiente explicación: “Legalmente, nosotros como campaña no podemos gastar en un servicio provisto por extranjeros (...). El mismo Servel nos sugería hacerlo a través de agencias chilenas, y lo hicimos por una agencia chilena que contrató a la agencia brasileña”. Con eso apuntaba a la empresa Cono Sur Research, del periodista Cristián Warner, ex mano derecha de ME-O. La versión que por esos días dio el PRO fue que el pago del avión estaba incluido en una factura por $ 170 millones entregada por la empresa de Warner.
Así buscaban desestimar una posible vulneración de la Ley Electoral, que prohíbe aportes extranjeros para campañas (ver recuadro).
En esta línea, la cifra de $170 millones que -según el PRO- incluiría el uso del avión y servicios publicitarios dista bastante de los cálculos que maneja la fiscalía. En junio, el Ministerio Público le tomó declaración, en calidad de testigo, a Carlos Astudillo, dueño de la empresa Air Dispatch, que le realizó servicios en tierra al jet brasileño durante su permanencia en Chile. Y en ese interrogatorio, Astudillo entregó una estimación de lo que debería haber costado el uso de un jet privado durante tres meses: 5 millones de dólares.



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