COMUNICADO DE LULA DENUNCIA ACOSO JUDICIAL EN SU CONTRA
Podría ser arrestado esta semana
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| El acusado Lula y (abajo) el persecutor de Lula, Sergio Moro |
Los abogados de Lula y un grupo de juristas
pidieron a la corte suprema dejar sin efecto el fallo que le impide asumir como
nuevo jefe de gabinete del gobierno de izquierda de Dilma Rousseff, quien a su
vez está a las puertas de un juicio de destitución en el Congreso.
"Lula no ha sido acusado de ningún crimen,
incluso después de haber sido sometido en los últimos meses a una verdadera
invasión de su vida privada y a intimidaciones", afirmó en un comunicado
el Instituto Lula.
Es que el tiempo corre. Lula necesita de los fueros
especiales que le otorga su puesto de ministro, y que lo ponen a
salvo del juez de primera instancia Sergio Moro, que lo investiga por
corrupción en el caso de coimas en Petrobras.
Según publica este lunes la prensa brasileña,
el gobierno no descarta que el
ex presidente sea detenido esta semana por orden del juez Moro, a
cargo de la causa por corrupción en Petrobras, informó hoy la prensa local .
"El gobierno teme una nueva acción de Sergio
Moro contra Lula y pide respuesta
urgente al Supremo" Tribunal Federal, escribió el diario Valor Económico, mientras Estado publicó que
"temiendo a Moro la Abogacía General de la Unión requiere otra
cautelar" a favor de Lula.
La Abogacía General demandó ayer en carácter
inmediato la "concesión excepcional de medida cautelar" que permita a
Lula ejercer funciones de ministro Jefe de la Casa Civil, cargo para el cual
juró el jueves pasado ante Rousseff.
La cadena de noticias Bandeirantes, una de las
mayores del país, informó el sábado sobre rumores acerca de que la detención de Lula sería este lunes, informó el
diario Clarín de Buenos Aires.
Mientras sitios de opinión próximos al oficialismo
publicaron ayer por la noche comentarios sobre el "riesgo" de que Lula sea apresado por orden Moro lo que
desataría el descontento popular.
Lo que, según esos medios afines al gobierno, puede
configurar un clima de enfrentamientos entre oficialistas y opositores similar
al que se desató en la crisis que precedió al suicidio del ex presidente
Getulio Vargas, en 1954.
Los abogados de Lula piden que el presidente de la
Corte suprema levante el bloqueo de la designación de Lula como ministro.
La medida fue ordenada el viernes por otro
magistrado de esa instancia, por sospechar que era una maniobra para dotar a
Lula de fueros que lo protegieran de la justicia ordinaria y en especial de un
eventual pedido de detención en su contra.
Lula y su familia, afirma el comunicado, fueron
"sometidos a métodos no jurídicos y antidemocráticos de investigación,
intimidación y difamación".
El ex presidente de Brasil, de 70 años, está en la
mira de la justicia por supuesta
ocultación de bienes -un tríplex y una chacra en San Pablo-
que los fiscales vinculan al escandaloso esquema de fraudes que drenó más de
2.000 millones de dólares de Petrobras a través de una red de empresarios,
políticos y especialistas en blanquear capitales.
Moro ordenó el 4 de marzo un aparatoso allanamiento del domicilio del hasta
entonces intocable ícono de la izquierda latinoamericana y debía decidir si
daba cabida a una orden de detención, cuando
el nombramiento ministerial pareció arrebatarlo de su esfera.
El magistrado no vaciló en divulgar una
conversación telefónica pinchada entre Lula y Rousseff, que fue interpretada
como una señal de que el
nombramiento era una treta para que su caso pasara a la Corte Suprema.
El máximo tribunal tiene previsto realizar su
próximo plenario el 30 de marzo y los abogados de Lula pidieron un hábeas
corpus para que su cliente no pueda ser detenido en ese lapso.
El Instituto Lula denuncia "las filtraciones
ilegales, las declaraciones irresponsables de las autoridades, las falsas
delaciones y la invasión sistemática de la privacidad (del ex jefe de Estado),
en una vergonzosa complicidad entre medios de comunicación y agentes facciosos
del Estado".
Las complicaciones de Lula se suman a las de
Rousseff, amenazada por un juicio de destitución en el Congreso por presunta
manipulación de las cuentas públicas.
Para un número creciente de brasileños esa sería la
solución a la grave crisis en la que se debate el país, sumada a la recesión
económica, a menos de cinco meses
de los Juegos Olímpicos de Rio.
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