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lunes, 29 de febrero de 2016

TSUNAMI 27-F

 IMPUTADOS NEGOCIARÁN CON LA FISCALÍA "LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO" PARA CERRAR DEFINITIVAMENTE EL CASO


La ex jefa de la ONEMI Carmen Fernández, una de las imputadas, aparece en la foto junto a la Presidenta Michel Bachelet (su primer período) la noche del terremoto y posterior tsunami el 27 de febrero de 2010 en las oficinas de la ONEMI.













Los seis imputados en el  caso tsunami del 27 de febrero de 2010, hace seis años, recibieron una propuesta de la Fiscalía Occidente para negociar la “suspensión condicional del procedimiento” con las defensas de los seis imputados por la fallida alerta de maremoto que le costó la vida a 156 personas tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
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Como informó Radio Bío Bío, en una reunión entre el fiscal regional Occidente José Luid Pérez Calaf con los abogados que representan a los imputados se abordó el procedimiento propuesto para cerrar definitivamente el caso.

Los imputados son: el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende Lynch; la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen Fernández; el ex jefe de la central de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio de Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Mariano Rojas; el ex jefe de operaciones, Andrés Enríquez y el ex oficial, Mario Medina.

Según indicaron las mismas fuentes, la primera oferta del Ministerio Público apuntó a los procedimientos abreviados, lo cual fue rechazado por las defensas, principalmente de los marinos involucrados, ya que se negarían a reconocer ante un tribunal los hechos materia de la acusación en su contra.

Fue en este escenario que el Ministerio Público se abrió a la posibilidad de avanzar por medio de la suspensión condicional del procedimiento que significaría cerrar las causas por “cuasi delito de homicidio múltiple” contra los imputados a cambio de una condición que se debe cumplir.
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Fuentes de la Fiscalía indicaron que, en caso de concretarse esta salida alternativa, se exigiría a los encausados una compensación económica a favor de las familias de las víctimas.
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De todas formas las determinaciones se tomarán por parte del ente persecutor antes de la audiencia de preparación de juicio oral que está fijada para el próximo 14 de marzo.

Las condiciones para los imputados sería pagar unos 200 millones de pesos a los afectados o damnificados, y firmar una carta pública en la que pidan perdón por el mal manejo en la coordinación de la situación, especialmente en lo que respecta al levantamiento anticipado de la alerta de tsunami en gran parte del litoral chileno.
  
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