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jueves, 21 de enero de 2016

LA TERQUEDAD DE MERKEL PODRÍA LLEGAR  A COSTARLE EL CARGO DE CANCILLER POR LA CUESTIÓN DE LOS REFUGIADOS


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Los socios bávaros de Angela Merkel, miembros de su gran coalición de Gobierno en Berlín, elevaron este martes la presión sobre la canciller alemana y reiteraron que acudirán a los tribunales si el Ejecutivo no sigue el camino de Austria y no fija un límite a la llegada de refugiados. La situación de la gran coalición es "muy seria", aseguró en rueda de prensa el líder de la CSU, Horst Seehofer, cuyo partido es considerado el ala bávara de la Unión Cristianodemócrata (CDU), que lidera Angela Merkel.
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A su juicio, "si la Unión Europea es incapaz de controlar sus fronteras exteriores, el Gobierno está en el deber de controlar las fronteras de Alemania".  Merkel participó ayer en la reunión que han mantenido durante tres días los parlamentarios bávaros en el balneario de Wildbad Kreuth, pero, a pesar de las críticas que escuchó, ratificó que la solución a la crisis debe ser europea.
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Fijar límites
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Seehofer denunció hoy "graves errores" en sus medidas sobre los refugiados, como su rechazo a que la policía regional de Baviera, estado fronterizo con Austria por donde entra Alemania el grueso de estos inmigrantes, ayude a la policía federal en el control de las fronteras.  Los conservadores bávaros sostienen que Alemania, que en 2015 recibió a cerca de 1,1 millones de solicitantes de asilo, debe fijarse un límite anual de 200.000 refugiados.
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Por ese motivo saludaron la decisión anunciada ayer por Austria, que, frente a los 90.000 peticionarios registrados el año pasado, ha decidido fijarse un límite de 37.500 para 2016, aunque temen que esa medida se traduzca en más entradas en Alemania. Seehofer criticó además el "atasco" en la Oficina Federal para Migración y Refugiados (BAMF), que acumula, dijo, más de 360.000 expedientes de asilo sin tramitar mientras "cientos de miles" de solicitantes todavía esperan a presentar su petición.
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El líder de la CSU pidió que se comprenda su "escepticismo" ante las medidas internacionales ante la lentitud de actuación de la Unión Europea, que prometió poner en marcha el año pasado centros de registro en la fronteras exteriores de la UE y todavía no están operativos.

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