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jueves, 14 de enero de 2016

CORTE DE APELACIONES DECIDIÓ DESAFORAR A ORPIS POR CORPESCA

La información fue confirmada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, quien indicó que “lo relevante es que el senador ha quedado desaforado por los cuatro delitos incluidos en la solicitud del Ministerio Público”.
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Tres horas se extendió la audiencia donde finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó al senador Jaime Orpis por el caso Corpesca.

Por 16 votos, el tribunal de alzada acogió los cuatro delitos imputados por el Ministerio Público representado por la fiscal Ximena Chong: cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al Fisco.

En esta línea, se rechazó la petición de la defensa del ex senador de la UDI, de desestimar el delito de cohecho y el lavado de activos. Sin embargo, fueron esos ilícitos los que marcaron las diferencias en el pleno de la Corte.

Ahora, la Fiscalía queda libre de pedir la formalización del legislador. Sin embargo, la defensa de Orpis aún puede apelar al fallo de la Corte de Apelaciones.

Los argumentos

Durante la audiencia, la fiscal Ximena Chong se refirió en extenso a los argumentos del Ministerio Público sobre el eventual delito de cohecho cometido por Orpis.

"Este delito se cometió ininterrumpidamente desde marzo de 2009 hasta abril de 2013, donde al menos en dos oportunidades Orpis concurre a las dependencias de Corpesca a reunirse con el gerente general y le solicita apoyo económico inicialmente bajo la justificación del financiamiento de campaña política, y luego, después de haber sido electo, para cubrir deudas de carácter personal", afirmó.

"De este modo, a través de boletas ideológicamente falsas, obtiene estos fondos para fines personales que alcanzan los $264 millones, $5,2 aproximadamente por mes", detalló la persecutora.

En esta línea, Chong indicó que el ex legislador de la UDI emitió 76 boletas ideológicamente falsas entre 2009 y 2013. "Los dineros son entregados a través de terceras personas, quienes entregan a través de transferencias electrónicas los fondos, y en otros casos, las entregaban a terceras personas que manejaban asuntos políticos del senador".

Asimismo, aseguró que dichos fondos fueron destinados a pagar asuntos personales del legislador, como contribuciones, lavandería y membresía del Club de Yates.
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Por otro lado, la fiscal indicó que "la Constitución obliga a los parlamentarios a abstenerse de votar cualquier asunto en el cual tengan interés directo (...) El senador recibe de Corpesca una serie de minutas y antecedentes que le establecen ciertas exigencias que debe cumplir en el ejercicio de su función y con su intervención en leyes pesqueras".

"Nosotros entendemos que el senador Orpis tenía un interés directo en el buen desempeño comercial de la empresa y por eso estaba obligado a abstenerse de cualquier ley que afectara a la compañía. Tenía un compromiso de interés evidente en las decisiones que estaba tomando", dijo más tarde la fiscal.

Desde el Consejo de Defensa del Estado, la abogada Lupi Aguirre, expuso que "es indudable que Orpis se constituyó virtualmente como un empleado de Corpesca desde 2009 a 2013, momento en que los pagos no cesan porque haya habido un término absoluta de la relación, los pagos cesan porque se produce el descubrimiento de la causa que dan origen a esta investigación".

También presentaron sus argumentos como querellantes el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fundación Ciudadano Inteligente, y el abogado del diputado Hugo Gutiérrez (PC), Matías Ramírez.

Defensa niega el cohecho
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Por su parte, la defensa de Orpis representada por el abogado Carlos Cortés, pidió desestimar los delitos de cohecho y lavado de activos, argumentando que el parlamentario no votó a favor de Corpesca en el Congreso y no presentó indicaciones que favorecieran a la empresa. 

Además, señaló que los actos del senador en favor de Corpesca no fueron actos propios de su cargo por lo que no habría cohecho, y desestimó el oficio que realizó Orpis a la Contraloría por la Ley de Pesca, señalando que ese acto fiscalizador es propio de los diputados y no de los senadores.

"Es absolutamente falso esta tesis de que Orpis actuaba comprado, él actuó siempre de forma independiente, incluso en contra de los intereses" de la empresa. "Él actuó en contra de la función de su cargo", dijo Cortés.

Durante la jornada de alegatos, la abogada que representa al Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, señaló que el senador Jaime Orpis se constituyó -virtualmente- como un empleado más de Corpesca desde 2009 a 2013, momento en que los pagos no cesan por el término absoluto de la relación sino que terminan porque se descubre la causa que da origen a la investigación en el Caso Corpesca.

Orpis sólo reconoció los delitos tributarios y fraude al fisco, todo esto relacionado con el uso indebido de las asignaciones parlamentarias. Se espera que dentro de los próximos días la Fiscalía solicite la formalización del senador junto con medidas cautelares.

“Yo he dado la cara, independiente que sean muchos o pocos, pero he asumido mis responsabilidades. Puedo decir dos cosas de forma clara: no me enriquecido ni tampoco nunca nadie ha comprado mi conciencia“, aseguró el senador.

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