KRADIARIO

Opiniones de fin de semana

Encrucijada laboral

Por Max Colodro (*)

Junto a la gratuidad universitaria, ha pasado a ser un nudo decisivo del actual momento político; pero a diferencia de ella, su inminente desenlace amenaza con fracturar un sedimento todavía más ‘íntimo’ del imaginario oficialista. En los hechos, la reforma laboral se ha convertido en una verdadera prueba de fuego para el Ejecutivo, una encrucijada en que no sólo están presentes compromisos programáticos, sino donde también se juega una buena dosis de confianza y credibilidad del gobierno frente a los actores sociales; sobre todo, después de lo que significaron en ese campo la paralización del Registro Civil y el último reajuste del sector público. Así, más allá de la retórica que la autoridad utilice a la hora de explicar el resultado de este trámite legislativo, lo cierto es que aquí, de un lado u otro, va a haber serios damnificados, y que las secuelas políticas de ello marcarán de alguna manera el tenor de lo que será la segunda mitad de la administración Bachelet.

Diligente y silenciosamente, el ministro Valdés ha intentado en las últimas semanas ponerle un piso de ‘moderación’ al que hoy aparece como el principal nudo de tensiones de este proyecto, es decir, a la posibilidad de reemplazo con trabajadores de la propia empresa en caso de huelga efectiva. En diversas instancias de conversación con actores políticos y empresariales, el actual titular de Hacienda ha dado señales a favor de la necesidad de asegurar ‘servicios mínimos’, y se ha mostrado abierto a la alternativa de permitir cierto grado de ‘adecuación’ en las funciones que regularmente cumplen los trabajadores al interior de su empresa.

Esta visión es la que, entre otros puntos, se plasma en el conjunto de indicaciones que el Ejecutivo ingresó en los últimos días a la tramitación ahora en manos del Senado. Dichas indicaciones suponen, inevitablemente, alterar aspectos medulares del proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, y son estos cambios los que han encendido las alarmas en sectores políticos y sociales relevantes de la Nueva Mayoría. La CUT tomó la decisión de suspender todo diálogo con el gobierno y en segmentos de la izquierda oficialista ya se anticipa un conflicto mayor, que puede ahondar las espesuras por las que hoy atraviesa el clima de confianzas entre el gobierno y su coalición.

Las piezas de este ajedrez se han movido hasta aquí con relativa cautela, reconociendo la complejidad de lo que está en juego tanto al interior de la Nueva Mayoría, como en la recuperación de expectativas del mundo empresarial. Con todo, en esta oportunidad no será fácil para el ministro Valdés lograr acuerdos mínimos ni siquiera en su sector político, y eso es lo que ya se está anticipando en la reacción que la CUT, el PC y otros actores han comenzado a hacer públicas. El gobierno y la Nueva Mayoría se encuentran así ante un desafío decisivo para sus proyecciones futuras, pero donde antes será puesta a prueba la mano política del titular de Hacienda, la capacidad de presión tanto de la izquierda como de su base social, y el grado de persuasión que el mundo empresarial logró inyectar a sus argumentos en el marco de las escasas conversaciones previas con la autoridad.    

En las últimas horas la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ha agregado también una nueva arista a este mosaico: la necesidad de que sea la propia presidenta Bachelet quien asuma finalmente un “rol claro, potente y firme”, para zanjar de una vez los disensos que hoy enturbian las definiciones en el oficialismo. Algo que por razones obvias la Mandataria se resiste a hacer y que, en las actuales circunstancias, tampoco asegura una resolución menos complicada de este decisivo capítulo.
(*) La Tercera