KRADIARIO

GLOSA DE GRATUIDAD SE DEBATE "ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE" EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Este jueves el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de 31 parlamentarios de Chile Vamos que piden declarar inconstitucional la glosa de gratuidad para la educación superior que figura en el presupuesto para el próximo año.

Los parlamentarios que presentaron el requerimiento señalan que existe una “discriminación arbitraria” en los criterios para asignar la gratuidad a los estudiantes y los requisitos para las instituciones de educación superior que se pueden sumar a este mecanismo.

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Adicionalmente el escrito apunta a eliminar la gratuidad del presupuesto correspondiente al próximo año, dado el poco debate que existió con los plazos ajustados para estos efectos y reasignar los fondos mediante becas.

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A partir de hoy el tribunal contará con 10 días de plazo para pronunciarse sobre el fondo, es decir, si la glosa es efectivamente inconstitucional como lo plantean los congresistas.

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De este modo, el próximo miércoles el pleno del TC recibiría a representantes de la sociedad civil para escuchar su posición, mientras que los alegatos del Gobierno y la oposición se realizarían el jueves. En tanto, ante este escenario, la resolución se dará a conocer el 23 de diciembre.

La idea de la oposición es que la gratuidad se elimine de la Ley de Presupuestos de 2016, argumentando que existe discriminación en las condiciones del Ejecutivo para llevar adelante el proyecto, principalmente porque cubriría a un porcentaje de estudiantes y no a la totalidad de quienes necesitan el apoyo financiero.

De este modo, el próximo jueves el tribunal deberá revisar el fondo del requerimiento y definir si acoge a trámite la medida. En caso de aceptar su inconstitucionalidad, desde la Nueva Mayoría ya anunciaron que ampliarán mecanismos de becas y créditos para obtener los recursos necesarios para 2016.

Si bien la medida de becas fue rechazada por la propia Presidenta Michelle Bachelet y respaldada por líderes del oficialismo como el PPD Jaime Quintana, la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, descartó que los recursos faltantes se obtengan vía ley corta. A su vez, la senadora indicó que el equipo político y el Gobierno tienen plena confianza en la solidez de los argumentos jurídicos, pues consideran que hay antecedentes que validan la legislación a través de glosas presupuestarias, como es el caso del Ingreso Ético Familiar, Chile Capaz y Chile Solidario, políticas públicas aprobadas durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

Reunión Nueva Mayoría

En paralelo a la reunión del Tribunal Constitucional, la Nueva Mayoría inició este martes el trabajo prelegislativo para revisar el proyecto de ley busca regular la gratuidad, institucionalidad y calidad del sistema educativo.

El Gobierno anunció la constitución del grupo de trabajo con el fin de avanzar en las “definiciones centrales del Proyecto de Ley de Educación Superior”.

La constitución de la mesa nació de las preocupaciones expresadas, principalmente, por sectores de la Democracia Cristiana, quienes reclamaron por la falta de este espacio para conocer los pormenores del proyecto, con el que tienen diferencia de criterio en temas como aportes basales y alcance de la gratuidad.

A la salida de la reunión prelegislativa con los representantes de los partidos de la Nueva Mayoría, Valentina Quiroga explicó que en los próximos días resolverán los plazos del proyecto, pero que mantienen la propuesta de gratuidad universal, en la que trabajarán paulatinamente.

Respondiendo así a las dudas surgidas durante las últimas horas, sobre quienes plantean que se debe definir la profundidad de la reforma, ya que autoridades de Educación han relativizado en los últimos días en cuánto tiempo se implementará y cuántos deciles se verán beneficiados.

En lo que refiere al proyecto de ley que se presentará antes de fin de año, y que establecerá un marco regulatorio para el sector, así como la creación de una subsecretaría de educación superior, los participantes coincidieron en que el proyecto considerará un trato preferente para las universidades del Estado, atendiendo el rol público que desempeñan.

Además, se estableció la creación de un comité técnico – político que tendrá la misión de buscar acuerdos entre el oficialismo para el diseño de la ley, evitando de este modo eventuales discordias durante el trámite del proyecto al interior de la coalición gobernante.