KRADIARIO

OPINIÓN HUGO LATORRE

LA SARTÉN POR EL MANGO

Por Hugo Latorre Fuenzalida

Hace 42 años que la derecha tiene “la sartén por el mango” en Chile. Desde el golpe militar se comenzó a revertir el proceso de integración social y popular en la vida ciudadana del país, proceso que venía avanzando paso a paso desde 1925, y con más intensidad desde 1938.

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La derecha, a pesar que gobernó con los Alessandri, padre e hijo, no pudo alejar la presión social sobre el aparato del Estado y debió tomar medidas que fortalecían al aparato público, como ejemplifica la creación y concesión de los canales universitarios de televisión, en el gobierno de Jorge Alessandri, bajo la doctrina que este nuevo medio de comunicación debía estar a cargo de entidades que elevaran la cultura social de Chile a través de una programación educativa y formativa.

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Esta visión social-republicana de la política ha sido desechada y aplastada desde los tiempos de la dictadura, cuyo régimen en coalición con la derecha, sólo ha  aspirado a establecer una sociedad de negocios, pasando por encima del pueblo en todas las dimensiones de su evolucionar moderno hacia la integración republicana.

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Este modelo “empresocéntrico” (Varsasky), unidimensional y coercitivo, marginador y discriminador, se fue empoderando y ampliando su radio de apropiación hasta dejar al segmento público y estatal reducido a menos del 20% del PIB.es decir derechamente en la inopia.

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Si se sigue la obra de Piketty, podemos descubrir que este esquema distributivo de la riqueza es más propio de países en etapa pre industrial y en proceso temprano de industrialización, pero también en tiempos postmodernos con sociedades de gran predominio financiero en el ejercicio de sus economías. Estas economías financiero especulativas, llamadas también sociedades postindustriales, representan organizaciones extremadamente corporativas e individualistas, términos que a pesar de su aparente contradicción, han resultado tremendamente simbióticas en su estrategia exitosa de acumulación y exclusión.

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Como señalamos, en Chile la experiencia dictatorial dio al traste con el empeño integrador de la política del meso siglo XX, arrastrando a la sociedad a un proceso acelerado de privatización de la riqueza, con sesgo oligárquico y con claro signo anti industrial.

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Como las fuerzas proletarias organizadas habían estado operando como los actores sociales más demandantes en la etapa de industrialización sustitutiva, se aprovechó de “botar el agua sucia de la organización popular junto a la criatura industrial que la sustentaba; de ese modo se suprimía el drama del  empuje redistributivo de esa etapa. Desde entonces la derecha económica, en alianza estrecha con la derecha política y los remanentes del militarismo, han tenido “la sartén por el mango” en la economía, marcadamente centrípeta, expoliativa y expropiativa.

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Los procesos de concentración, especulación, colusión, de exacción, evasión, elusión y abuso han sido tan constantes y crecientes, que la sociedad no ha tenido más que empezar a crear estrategias de sobrevivencia ingeniosas para poder subsistir en este esquema de “crecimiento empobrecedor”.

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Es evidente que un Estado que sólo capta menos del 20% del PIB es incapaz de resolver los problemas de  desarrollo y crecimiento de una sociedad que intenta acceder a la modernidad.

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Por tanto, lo que se hace como ejercicio paralelo al sistema económico, tal como esta iniciativa de las farmacias regentadas por los municipios, no conducirán a un desarrollo alternativo de una sociedad como la chilena; cuando mucho se puede frenar la caída en los niveles de acceso a estándares mínimos de prestaciones para el bienestar en salud. En este mismo sentido se pueden ubicar los autocultivos alimentarios y el trueque, el autoempleo como refugio o la construcción solidaria.

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Lo que se ve, es que el sector económico oligárquico manifiesta un apetito infinito de coacción económica, dado que denuncia como inconstitucional el que los municipios, como organización pública, esté en funciones e iniciativas económicas, prohibidas expresamente por la Constitución engendrada por esos mismos sectores oligárquicos en dictadura.

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Se hace evidente, con esto, que una nueva Constitución se hace urgente, pues con ello se resolvería el tema del veto al Estado en sus iniciativas económicas, bajo la bandera ideológica del rol subsidiario del Estado, así como una serie de inequidades y desequilibrios en la estructura de poder. Así, se podría revertir esta camisa de fuerza puesta al Estado, que es extemporánea,  perjudicial y torpe, pues inhabilita a un sector de la sociedad que todos los demás países aprovechan para acelerar, balancear y complementar los procesos económicos.

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Lo bueno de esta experiencia, está en que la sociedad intenta, ahora, tomar la sartén por el otro mango, generando iniciativas autónomas, creativas y soberanas. Este es el paso previo al reconocimiento de derechos más generales y de mayor calado, hasta auspiciar un cambio de la mentalidad con que se enfrentan las relaciones sociales de poder.