KRADIARIO

ENTRETELONES DE LAS FORMALIZACIONES-KRADIARIO

JOVINO NOVOA SUFRIÓ UNA  POSIBLE “HEMORRAGIA INTERNA” DURANTE SU FORMALIZACIÓN EN EL CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

Historia de un siniestro capítulo en la política chilena

El presidente de la UDI Hernán Larraín visitó al ex senador Jovino Novoa en la Clínica Las Condes hasta donde fue trasladado este lunes  tras un problema de salud que se le presentó en el Centro de Justicia donde era formalizado por la emisión de boletas falsas destinadas a recolectar fondos para las campañas políticas y presuntos delitos tributarios.

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Larraín  señaló que el ex parlamentario tuvo una “descompensación” al interior del Centro de Justicia, en un receso de su formalización.

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“Efectivamente, ha tenido una descompensación, aparentemente una hemorragia, todo lo que ha recomendado su hospitalización”, dijo el político al salir de la Clínica Las Condes hasta donde fue llevado Novoa tras su malestar. Agregó que será “la clínica la que va a entregar un informe médico”.

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“Nos preocupa la salud de Jovino, y esperamos que esto no lo agrave”, señaló Larraín, aludiendo a una situación previa que ha afectado al ex senador gremialista.

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Hernán Larraín dijo que había visto a Novoa “por breves instantes” y “pude ver que está estable, pero en medio de muchos exámenes así que no tengo mayores antecedentes”.

“Desde hace meses ha estado con problemas de salud, pero no soy médico ni quien para estar dando situaciones”, añadió.

Las formalizaciones de hoy

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En el Centro de Justicia participaron en la formalización el ex tinomel de la UDI Jovino Novoa; el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett; y los actuales parlamentarios gremialistas, senador Iván Moreira y diputado Felipe de Mussy.

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La formlización de Alberto Cardemil, de Renovación Nacional, quedó aplazada para el 6 de julio a solicitud de su defensa.

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En todo caso los cuatro militantes UDI y el ex legislador de RN son los primeros políticos que se sentaron en el banquillo de los acusados. La fiscalía les ha levantado cargos por delitos tributarios a raíz de los presuntos aportes irregulares para campañas que recibieron del grupo Penta. Sin embargo, en el gobierno, el oficialismo y la oposición son conscientes de que las formalizaciones no se limitarían a esos cinco dirigentes.

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La ampliación de las indagatorias a nuevas aristas, como los pagos de SQM, y las querellas que en ese marco se han presentado y, eventualmente, puedan continuar presentándose, anticipa un desfile de nuevos actores políticos ante tribunales, comentó La Tercera.

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Hasta ayer, el ánimo en la clase política era de cautela. La apuesta es esperar el comportamiento de los jueces y las señales que en la audiencia pudiesen enviar los persecutores para ir anticipando escenarios.

Hasta ahora la UDI ha refrendado su doctrina de respetar la presunción de inocencia hasta la existencia de eventuales condenas.

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La postura de la UDI se ha visto facilitada por la suma de nuevos casos, varios de ellos ligados a la Nueva Mayoría e incluso al gobierno. Para ellos, la vinculación con irregularidades en el financiamiento de la política del ex ministro Rodrigo Peñailillo -quien declaró como imputado la última semana ante el fiscal nacional Sabas Chahuán- no hace más que ratificar la tesis original del gremialismo de que el problema se originaba en un vacio legal y que afectaba a todos los sectores.

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Sin embargo en el oficialismo aún no está resuelta totalmente la forma de reaccionar. A nivel de partidos algunos se han apurado en elevar estándares que permitan sancionar a quienes se vean envueltos en estas investigaciones. En la DC se estableció que aquellos que sean formalizados deberán suspender su militancia y los condenados ser expulsados. Sin embargo, un grupo no menor de dirigentes (87) no se contenta con que el timonel Jorge Pizarro siga al mando de la colectividad, a raíz de la mención de la empresa de dos de sus hijos en la denuncia del SII sobre boletas ideológicamente falsas cursadas a SQM. En todo caso Pizarro no está dispuesto a dar un paso al lado por considerar que él personalmente no está involucrado en ningún caso irregular, sino son sus hijos.

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En el Congreso, en tanto, donde además del caso Penta-SQM hay parlamentarios investigados en otras causas, como el senador Jaime Orpis (por aportes de Corpesca) y Carlos Bianchi (formalizado por mal uso de asignaciones parlamentarias), el Senado abrió un inédito proceso de recopilación de antecedentes y descargos que podría derivar en sanciones.

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Mea culpa en el Congreso

Sin embargo, la apuesta de los presidentes del Senado, Patricio Walker, y de la Cámara, Marco Antonio Núñez, por realizar una especie de mea culpa institucional por el financiamiento irregular de campañas durante la primera cuenta pública que el Congreso realizará este 21 de julio, fue duramente resistida por los distintos comités parlamentarios.   Al igual que la tesis de la UDI, varios legisladores oficialistas se quejaron y criticaron avanzar en una idea como esa cuando aún no hay ninguna sentencia judicial.

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Pese a que esa alternativa fue desactivada y no será parte de la ceremonia del 21 de julio, tanto Núñez como Walker señalan que sus posturas personales son que a quienes se les hubiese comprobado irregularidades graves, o que en el caso de que ellos mismos las reconocieran, deberían abstenerse de repostular a sus cargos.

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“Si alguien reconoce haber cometido irregularidades graves corresponde, éticamente, que en el futuro no vaya a reelección, y si alguien es condenado, aunque no tengan pena aflictiva, también corresponde que no se repostulen”, plantea Walker.

Desde el gobierno, en tanto, tampoco se han transmitido señales claras respecto de cómo proceder ante aquellos funcionarios -como la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela Ortiz- que están siendo indagados por recibir pagos de la empresa de Giorgio Martelli antes del inicio formal de la campaña de Michelle Bachelet. A la firma de Martelli había emitido boletas el propio Rodrigo Peñailillo, quien dejó el gabinete a comienzos de mayo.

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La ampliación de las indagatorias a nuevas aristas, como los pagos de SQM, y las querellas que en ese marco se han presentado y, eventualmente, puedan continuar presentándose, anticipa un desfile de nuevos actores políticos ante tribunales.

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Hasta ayer, el ánimo en la clase política era de cautela. La apuesta es esperar el comportamiento de los jueces y las señales que en la audiencia pudiesen enviar los persecutores para ir anticipando escenarios.

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El caso Martelli

En su declaración difundida por TVN, afirma que junto a Peñailillo y Rosenblut decidieron crear la empresa Asesorías y Negocios SpA.

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El autodenominado operador político Giorgio Martelli reveló ante el fiscal nacional Sabas Chahuán -en las declaraciones prestadas entre el 27 de mayo y el 4 de junio- el objetivo y la operatividad de su empresa Asesorías y Negocios, la que pagó servicios a una veintena de personas que posteriormente trabajarían para el comando presidencial de Michelle Bachelet en 2013.

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Según parte de su testimionio judicial -difundido por TVN- Martelli señaló que fue contactado por el presidente de Enersis, Jorge Rosenblut, para formar un esquema -en el que también jugó un rol relevante el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo- que permitiera mantener financieramente a un grupo de profesionales que trabajó para un periodo de precampaña presidencial.

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“Jorge Rosenblut me llamó para pedirme que me incorporara a trabajar en el financiamiento de varios profesionales que requerían mayor estabilidad financiera personal para dedicar tiempo a preparar información, análisis, documentos, etc, para una nueva opción de gobierno de la Concertación”, señala un pasaje de la declaración prestada por Martelli, divulgada por TVN.

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“Producto de estos acuerdos yo constituí a fines de 2011, la sociedad Asesorías y Negocios, cuyos socios soy yo, sociedad que aún está vigente”, agregó.

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“Estas decisiones, tanto de ayuda a estos profesionales como de constitución de una sociedad para este fin, se adoptaron por un conjunto de personas: Rosenblut, Rodrigo Peñailillo, y otros. Todos participamos de esas reuniones”, puntualizó Martelli.

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De acuerdo a la investigación, entre las personas que la firma de Martelli financió figuran el propio Peñailillo, quien en 2012 emitió cuatro boletas por un total de 16 millones de pesos.

En el listado también figura el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt con $ 15,5 millones entre 2012 y 2013; el ex asesor de Interior, Robinson Pérez, con pagos por 26 millones; la actual secretaria ejecutiva del Consejo para la infancia, Estela Ortiz, quien emitió 20 boletas por $ 32 millones y Héctor Cucumides con pagos por $ 20 millones.

El interrogatorio de Martelli se llevó a cabo en maratonicas cuatro jornadas realizadas entre el 27 de mayo y el 4 de junio pasado. Su testimonio ante el fiscal Chahuán se plasmó en 40 páginas que se mantienen en reserva.

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Continuó Martelli en su declaración sosteniendo que "producto de estos acuerdos yo constituí a fines de 2011, la sociedad Asesorías y Negocios. Respecto de la forma en que esta empresa se financiaba, Martelli apuntó a los vínculos con SQM Salar y algunas empresas del Grupo Angelini.

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“Al igual que SQM Salar, Rosenblut me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución de financiamiento entre las empresas del Grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut”.

Según la investigación, AyN emitió facturas a SQM Salar por más de $220 millones, mientras que de Copec recibió $ 57 millones y de Celco un total de $ 151 millones.

Según TVN, Martelli también fue consultado por el eventual rol de Bachelet y desligó de responsabilidad a la actual Mandataria.