kradiario.cl

lunes, 22 de diciembre de 2014

CUBA-IGLESIA

IGLESIA Y REVOLUCIÓN EN CUBA (I)
   
Por Martín Poblete

En maniobra sin aparente racionalidad política, ni entonces ni ahora en la perspectiva de la historia, el ex-Presidente Fulgencio Batista encabezó un golpe de estado el 10 de marzo de 1952 con el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de personeros de extrema derecha, y de políticos representativos de la oligarquía plantadora terrateniente; un ciclo de gobernantes elegidos era cerrado precisamente por quien lo había iniciado, Fulgencio Batista elegido para el período 1940-44, seguido por Ramón Grau San Martín 1944-48, y Carlos Prío Socarraz 1948-52.   El cuartelazo batistiano derrocó al Presidente Prío Socarraz al comienzo de un año de elecciones presidenciales, para las cuales se perfilaba con fuerza el candidato del Partido Ortodoxo Roberto Agramonte.

Desde un comienzo, el régimen de Batista devino en dictadura, nunca pudo ampliar su base de apoyo, algunas negociaciones coyunturales con el líder sindical Eusebio Mujal y con el secretario general del Partido Comunista, Blas Roca, fueron solo eso acuerdos coyunturales.  

En la lucha revolucionaria contra la dictadura participaron muchos católicos, integrantes de organizaciones de Iglesia, y sus líderes, en las ciudades; les acompañaron miembros del clero diocesano y religiosos, algunos de ellos se unieron en su capacidad de sacerdotes a las fuerzas revolucionarias en los tres principales frentes, Sierra Maestra, Sierra del Cristal, y el Escambray.

En La Habana, el anciano Cardenal Arteaga mantuvo silencio ante los acontecimientos, mas adelante cuando la represión  alcanzó a prominentes dirigentes de movimientos católicos juveniles, sindicales y universitarios, hizo gestiones para sacar de la cárcel a varios de esos dirigentes a cambio de salvoconducto al exilio, fueron los casos del  líder de Acción Católica Amado Fiallo, del académico José Ignacio Lasaga, y del sindicalista Reynol  González secretario general de la Juventud Obrera Católica JOC y miembro de la Dirección Nacional Obrera del Movimiento 26 de Julio; en lugar del Arzobispo, dos personeros de la principal arquidiócesis  del país, manteniendo perfil bajo y cuidadoso, estuvieron en contacto con disidentes y opositores, fueron el Padre Raúl Del Valle y el Obispo Auxiliar  Eduardo Boza Masvidal.  Al otro extremo de la Jerarquía Eclesiástica, el Arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serantes, alzó su voz en numerosas homilías y cartas pastorales, denunciando y protestando los abusos y excesos cometidos por el régimen batistiano.

Por su propia iniciativa, varios sacerdotes y religiosos  tomaron posición ya sea denunciando al régimen de Batista, o marchando a unirse a las fuerzas revolucionarias a servir de capellanes; entre los primeros destacaron el Padre Julián Basterrica, y el Padre Ignacio Biaín director de la revista católica La Quincena; entre los segundos, los  Padres Angel Rivas y Guillermo Sardiñas, capellanes de las fuerzas revolucionarias en Sierra Maestra; el religioso franciscano Lucas Iruretagoyena en la Sierra del Cristal; los jesuitas Cavero y Guzmán en el Escambray; el Padre Antonio Albizú en su rol de contacto con Fidel Castro por intermedio de Celia Sánchez; y el Padre Antonio Chabebe, de contacto con Raúl Castro en Santiago.

De aquellos tiempos, la mas significativa intervención de una figura de la Jerarquía católica tuvo lugar en Santiago, luego del fracasado asalto al cuartel Moncada por un grupo de revolucionarios el 26 de julio de 1953; los fugitivos, entre ellos Fidel Castro, habían sido acorralados por el Ejército en un área conocida por La Gran Piedra con inminente riesgo de sus vidas.  Informado de la situación, el Arzobispo Enrique Pérez Serantes dirigió carta al Coronel Alberto del Río Chaviano, jefe militar de la Provincia de Oriente, el 30 de julio de 1953, pidiéndole permitir su intervención a fin de lograr la entrega de los fugitivos sin violencia garantizando sus vidas; aceptada la petición por el Coronel del Río, el Arzobispo Pérez Serantes viajó al lugar indicado  haciéndose acompañar por el laico Enrique Canto, Presidente de Acción Católica en Santiago, en la clandestinidad tesorero del Movimiento 26 de Julio en la Provincia de Oriente; una vez allí, el Arzobispo logró la rendición de los fugitivos y la entrega de sus armas, viajando con ellos de regreso a Santiago  hasta cerciorarse personalmente de su entrega a las autoridades judiciales y policiales.

Mientras tanto, la dinámica militar cambiaba en favor de las fuerzas revolucionarias.  Hacia fines de diciembre de 1958, varias columnas de combatientes al mando de Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara  derrotaron la guarnición local tomando control de la ciudad de Santa Clara, dejando La Habana efectivamente separada de Santiago, precipitando la caída del régimen de Batista; el día de Año Nuevo, 1º de enero de 1959, Cienfuegos y Guevara entraban en La Habana, luego lo haría Fidel Castro en Santiago, una nueva realidad se cernía sobre Cuba y la Iglesia.

Al comienzo todo fue concordia.  Nuevamente, quien mejor reflejó las esperanzas de la Iglesia fue el Arzobispo de Santiago Enrique Pérez Serantes, en su Carta Vida Nueva del 3 de enero de 1959, en cuyos párrafos claves se dice: " Un régimen acaba de ser derribado; ha sido  demolido un edificio que se estimaba  caduco, roído   en sus entrañas .... Sobre las cenizas del  régimen desaparecido otro se va a levantar, pero este no debe ser igual al primero .... Queremos y esperamos una República netamente democrática en la que todos los ciudadanos puedan disfrutar a plenitud la riqueza de los derechos humanos, en la que sin nivelar a todos los hombres totalmente, porque esto es imposible, todos se sientan tratados con dignidad propia del ser humano".

Al correr de las semanas y meses, los obispos acogieron favorablemente la reforma agraria y el debate suscitado en torno a esa iniciativa, actitud bien expresada en la Carta Pastoral del Obispo de Matanzas Alberto Martín Villaverde del 5 de julio de 1959;  para la noche del 25 de julio de 1959, los obispos dispusieron  repique de campanas en todas las diócesis, a la misa en la Catedral de La Habana el día siguiente asistió Fidel Castro, mientras el Padre Guillermo Sardiñas celebraba misa en las escalinatas del Congreso.   En enero de 1960, en la Cena Martiana en la todavía Plaza Cívica para conmemorar el natalicio de José Martí, el Arzobispo Coadjutor Evelio Díaz y Fidel Castro se saludaron sonrientes, sería el último gesto público de cordialidad entre las partes.

Las primeras dificultades surgieron en torno a las ejecuciones sumarias de personas denunciadas por haber cometidos variadas atrocidades durante la dictadura de Batista, o por haber sido cómplices, el llamado "paredón"; en cartas públicas  el Arzobispo de Santiago Enrique Pérez Serantes, el Coadjutor de La Habana Evelio Díaz, y el Obispo de Matanzas Alberto Martín Villaverde, reclamaron por  los abusos cometidos en esa práctica, un caso de violación a los derechos humanos y delito de lesa humanidad.

El punto de quiebre se produjo sobre las políticas educacionales del régimen revolucionario, y la percepción de su control por personeros comunistas impulsando modelos educacionales marxistas.  Se sucedieron numerosas cartas pastorales y declaraciones de los obispos colectivamente así como también en sus respectivas diócesis.   El Congreso Nacional Católico, último evento de semejante naturaleza en Cuba, convocado y celebrado en noviembre de 1959, culminó con una masiva manifestación en la Plaza Cívica el 28 de noviembre de 1959 con asistencia de Fidel Castro invitado por los organizadores; en las deliberaciones del Congreso la cuestión educacional dominó sobre otros temas,  era un conflicto inevitable que de alguna manera se fue escapando del control de las autoridades eclesiásticas.

El año 1960 estuvo marcado por la escalada de cartas y declaraciones de los obispos, contestadas con duras descalificaciones por personeros de gobierno y los medios de comunicación oficiales y oficiosos;  la Circular Colectiva del Episcopado Cubano del 7 de agosto de 1960 fue recibida con particular agresividad por el régimen revolucionario, a partir de esa fecha las relaciones  Iglesia-Estado  siguieron un curso de creciente deterioro.   La culminación fue la expulsión en el carguero español Covadonga en la bahía de La Habana de 131 sacerdotes y religiosos el 17 de septiembre de 1961, incluyendo al  Obispo Auxiliar de La Habana Eduardo Boza Masvidal, y a quien fuera uno de los capellanes en Sierra Maestra el Padre Angel Rivas.  A la expulsión de sacerdotes sucedió la clausura de la Universidad Católica San Agustín de Villanueva y la confiscación de sus bienes, asimismo el régimen procedió a clausurar y confiscar los colegios católicos sin excepciones; en todos esos procedimientos hubo agresiones a sacerdotes y obispos, organizadas y ejecutadas  por funcionarios de gobierno al  mando de turbamultas dirigidas.

La clausura y confiscación de los colegios fue reforzada con la  prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas, la supresión de instituciones católicas activas en la sociedad, y prohibición a obispos y sacerdotes de acceder a los medios de comunicación.  A partir de septiembre de 1961, la Iglesia subsiste  sumamente empobrecida, desprovista de los medios tradicionales para cumplir su misión, reducida al mínimo imaginable en  su capacidad de ejercer influencia cultural, política y social; muchos sacerdotes fueron castigados con sentencias a campos de trabajos forzados, entre ellos quien con el correr del tiempo sería Arzobispo de La Habana Jaime Ortega Alamino, y el Obispo Alfredo Petit.
.
Fueron años de un cierto desprecio, estimulado desde altas esferas de gobierno, por toda forma de religiosidad católica, discriminación y hostilidad a quienes confesaban su fe, silencio y hasta formas de extrañamiento cultural y social respecto a las instituciones de la iglesia, dificultades para permitir el ingreso al país de sacerdotes y religiosos, y prohibición de construir templos en nuevos barrios y en nuevos pueblos.  En este marco de referencia, los obispos cubanos y con ellos la feligresía, optaron por un trabajo pastoral paciente, tenaz en medio de la adversidad, conscientes de la difícil  relación, o falta de ella, con el régimen imperante; si bien tenían claras las severas limitaciones del medio circundante, también sabían de sus cualidades, en la Cuba de entonces, y en la de hoy, la única institución no gubernamental presente en toda la geografía de la isla  era, y sigue siendo, la Iglesia Católica.

Desde la Santa Sede, la molestia inicial ante el grave deterioro de la situación en Cuba, dio paso a la decisión de mantener  los contactos oficiales buscando evitar la ruptura de relaciones; en este sentido,  se optó por dejar la Nunciatura en manos de un joven diplomático Monseñor Cesare Zacchi con rango de Encargado de Negocios / Chargè d`Affaires,  algo muy resentido por el régimen pues su representante en el Vaticano tenía rango de embajador, Luis Amado Blanco.   En el plano interno se desarrolló una situación bastante anómala, todos los contactos de la Iglesia cubana con el gobierno considerados necesarios y/o pertinentes, se hacían por intermedio de  Monseñor Zacchi quien obtuvo permiso de viaje para que tres obispos cubanos  pudieran asistir a las deliberaciones del Concilio Vaticano II.   
.
Pero en lo fundamental, el cambio en las relaciones y en el trato llegó en 1974, a lo cual nos referiremos en el próximo artículo.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario