KRADIARIO

HISTORIA POLÍTICA

Una sorprendente publicación de “La Tercera”

La inserción de los nostálgicos de Pinochet

La realidad actual del país no tiene comparación con la de hace 41 años y desempolvar del baúl de los recuerdos el acuerdo de la Cámara de Diputados que contribuyó al Golpe de Estado, tiene objetivos políticos evidentes.

Por Hernán Ávalos Narváez (*)

Los lectores del diario “La Tercera” fueron sorprendidos ayer domingo 07 de septiembre con la publicación de una inserción a dos páginas, 28 y 29, cuyo texto editado con la repetición de párrafos destacados, reproduce el acuerdo político adoptado por la Cámara de Diputados el 23 de septiembre de 1973, que con premisas sin fundamento puso en entredicho la constitucionalidad de la incorporación de generales y almirantes al Gabinete del Presidente Allende y la legitimidad del propio Gobierno de la Unidad Popular.

Esta inserción de elevado costo, por cierto, está encabezada del epígrafe: “Frente a los dichos del Gobierno en Sudáfrica, afirmando que tiene los mismos objetivos que el régimen de Allende, es bueno recordar cómo evaluaba la Cámara de Diputados a dicho gobierno en 1973”. Está firmada por 93 nostálgicos de la dictadura de Pinochet, entre los cuales destacan Hermógenes Pérez de Arce, Patricia Arancibia Clavel y algunos integrantes de familias connotadas.

Trascurridos 41 años de ese acuerdo político, es preciso recordar que por ese entonces la oposición –liderada por conservadores y democristianos- ostentaba una mayoría en la Cámara, en el contexto de una Nación desgarrada por la crisis institucional y la violencia callejera, como consecuencia de los intentos del Gobierno -encabezado por socialistas y comunistas- de realizar cambios socio-económicos estructurales de beneficio para los trabajadores. La Iglesia Católica por intermedio del cardenal Silva Henríquez terció en la contienda, e hizo esfuerzos estériles por acercar posiciones y sortear la crisis institucional.

En ese momento de nuestra historia, la oposición política criolla ya sumaba tres años de vínculos secretos con grupos de uniformados, empresarios y camioneros golpistas financiados por el Gobierno de Nixon y transnacionales norteamericanas, para realizar huelgas, propaganda, sabotajes, mercado negro y promover los desórdenes y el caos, tal que como quedó demostrado con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, planeado para impedir que Allende asumiera la Presidencia. Estos hechos fueron investigados y acreditados por la Comisión Church del Senado estadounidense.

“Es bueno recordar”…señala la inserción pagada. Pero lo que es bueno para estos nostálgicos de la dictadura cívico-militar de Pinochet, no necesariamente resulta bueno para los trabajadores, para la “generación del sacrificio” como la llamó el Presidente Frei Montalva a los estudiantes y jóvenes del 73, ni menos para las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos y sus inconsolables viudas. Menos aún a cuatro días de la conmemoración del Golpe de Estado que derrocó al Presidente Allende y desató una persecución ideológica de militantes de izquierda cuyas repercusiones aún debilitan el tejido social de nuestro país.

Ya es tiempo de decir las cosas por su nombre. El Gobierno de Allende respetó la Constitución y las Leyes, tal como lo revela el propio acuerdo de la Cámara reproducido en la inserción de “La Tercera”. No es una acusación formal contemplada en el ordenamiento jurídico de la época. Nunca fue presentada. En los hechos, como indica el texto, el acuerdo pretendía “notificar” al Presidente y a sus ministros. Y contiene una serie de lugares comunes como “quebrantamiento del orden constitucional”, “atentado a la libertad de enseñanza”, “burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes (sic) que pertenecen a partidos o grupos integrantes o afines al Gobierno” y “ha capitaneado una infamante campaña de injurias contra la Excma. Corte Suprema”, entre otras frases sin contenido.

Es cierto que la ejecución del programa de Allende con la nacionalización del cobre, la banca y la profundización de la reforma agraria, originó resistencia entre la clase social que ostenta el poder político-ideológico por una centuria. Y que esta “revolución a la chilena” tensó las instituciones democráticas al máximo, con la utilización de los denominados “resquicios legales”, como fórmula para llevar adelante los cambios votados por los chilenos en la elección presidencial. Además, la emisión inorgánica de dinero del ministro de economía Pedro Vuskovic, incorporó al consumo a la población más necesitada, que ese fue el propósito, generando desabastecimiento, mercado negro y acaparamiento de alimentos y productos de primera necesidad.

Y pocos recuerdan que el Presidente Allende quedó con el discurso escrito  que pronunciaría el 11 de septiembre de 1973 en la Universidad Técnica del Estado, hoy USACh, en el cual anunciaba el envío de un proyecto de ley para discusión parlamentaria, con el propósito de dar atribuciones constitucionales al Presidente de la República, para disolver el Parlamento por una vez durante su mandato a causa de la pugna inconducente entre el Ejecutivo y Legislativo, tal como ocurría por esos días, y llamar a elecciones generales con características de plebiscito. Es decir, que la soberanía popular reiterara su apoyo a la coalición gobernante, o eligiera nuevas autoridades para conducir el país.

Pero otra vez se equivocan los nostálgicos de Pinochet. La realidad de hoy no es comparable con la de septiembre de 1973. La Nueva Mayoría ganó el Poder Ejecutivo y en la misma elección el Poder Legislativo con mayoría en ambas cámaras, la que puede ejercer en las votaciones que suceden a las deliberaciones formales y públicas, sin acuerdos interesados tras bambalinas. ¿Será que los pinochetistas buscan debilitar el Gobierno de Bachelet? ¿Hacer fracasar las reformas tributaria, educacional y constitucional comprometidas en el programa de la Nueva Mayoría? ¿Cantos de sirena para los democristianos? ¿Creación de un clima callejero beligerante para el 11 de Septiembre? O es que tampoco quieren las reformas en salud, trabajo y pensiones. Quizás todas las anteriores. Acaso su conservadurismo no les permite aprender de nuestra historia y comprobar que la sociedad chilena ahora está empoderada, y ya no soporta más abusos de unas pocas familias poderosas en desmedro de la mayoría de la población.

Todas las comparaciones son odiosas, pero esta que pretende hacer la inserción mencionada es particularmente extemporánea e inquietante, pues fue desempolvada del baúl de los recuerdos y descontextualizada. Cualquier chileno entendió que la Presidenta Bachelet, en sus discursos mientras visitó Sudáfrica, evidenció una identidad de objetivos con aquellos que defendió el Presidente Allende, como  son educación de calidad y sin lucro, distribución equitativa de la riqueza producida con el esfuerzo de todos los chilenos, trabajo, salud y pensiones dignas, impuestos según ganancias, igualdad de oportunidades para los jóvenes, una economía social de mercado y derechos cívicos que ofrezcan mejores condiciones de vida a los trabajadores y a las grandes mayorías ciudadanas. Esto sí que no debiera sorprender porque está en el ideario socialista.

(*) Periodista