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EDUCACIÓN

NUEVA MAYORÍA DESEA CASTIGAR CON CÁRCEL EL LUCRO EN LA EDUCACIÓN 

Como una medida poderosa para generar un "cambio de paradigma" definió la diputada DC Yasna Provoste la indicación presentada por un grupo de diputados de la Nueva Mayoría e independientes que establece penas privativas de libertad para los administradores educacionales que lucren.

Así lo dijo a Cooperativa la ex ministra de educación, quien en la víspera participó en la tensa sesión de la Comisión de Educación de la Cámara Baja en la que se inició la votación en particular del proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago en el sistema escolar, al que el Gobierno impuso suma urgencia para que sea despachado la próxima semana.

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La señalada indicación establece sanciones "de 541 días a cinco años (de cárcel) en caso de que se compruebe de que efectivamente se ha vulnerado la ley", y apunta a "cambiar el paradigma del lucro con los recursos de la subvención del Estado".

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"Yo la apoyo, la suscribí, y también contó con el apoyo del Ejecutivo", afirmó Provoste en diálogo con El Primer Café de Cooperativa.

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"Efectivamente el Ejecutivo le ha entregado el patrocinio a esta indicación. Yo no soy autora de esa indicación, pero sí la he apoyado. A mí me parece que va en la línea de lo que tienen que ser los ejercicios legislativos (ante) los hechos que tienen connotación de delito. Toda vez que este proyecto establece fin al lucro, si un sostenedor quiere hacer retiros y no tiene ninguna sanción, no tiene consecuencias, eso es irrisorio", afirmó la legisladora.

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"A nosotros nos parece importante que nuestra legislación establezca también en el área de educación consecuencias respecto de lo que uno espera tipificar, como es la prohibición de lucrar en la educación, pero hay un conjunto de otras indicaciones también", apuntó la ex ministra.

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La indicación que penaliza el lucro establece que si un dueño de colegio retira utilidades se le ordenará la restitución de ese dinero y también se le podrán aplicar multas sobre el 50 por ciento de dicho monto.

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En caso de que se niegue o de que reincida en el retiro de utilidades, se abrirá una investigación para determinar si hubo dolo, donde se establecería un delito similar al de malversación. Ello derivaría en la apertura de una causa en el Ministerio Público, que podrían concluir con penas de presidio efectivo.

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En el caso que un sostenedor o director se robe la plata de la subvención o la mal utilice, tendrá que devolverla al establecimiento educacional y con una multa de un 50 por ciento al Estado. En caso de incumplimiento hay presidio, e incluso en caso de reincidencia", resumió la diputada comunista Camila Vallejo. En este caso, de haber estado vigente esta regulación en la quiebra de la Universidad Arcis, varios dirigentes comunistas deberían haber pagado con cárcel, porque el PC es acusado de haberse "robado" el dinero de esta casa de estudios, según denuncian los afectados.

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Igualmente si un sostenedor malutiliza los fondos que están destinados a mejorar la calidad de la educación de los alumnos en todo Chile y los destina a fines distintos a los educativos puede tener pena de cárcel", explicó el diputado socialista Fidel Espinoza.

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Tras asistir ayer a la Comisión el ministro Nicolás Eyzaguirre explicó que la propuesta apunta a que en el proyecto "está prohibido el lucro, y en la medida en que haya lucro constituye una figura similar a lo que es malversación, un delito inicialmente administrativo, y si después pueden haber pruebas suficientes, esto puede llegar al Ministerio Público y a un juzgado, tal como ocurre en cualquier entidad que administre fondos a terceros",

"Efectivamente en eso hemos estado conversando y hacia allá vamos a ir (pero) no me gustaría dar la sensación de que aquí hay lucro con cárcel, sino lo que hay es el deber del sostenedor de destinar los recursos públicos a los fines educativos", declaró el secretario de Estado.

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La polémica indicación no alcanzó a ser votada ayer y quedará pendiente para las siguientes sesiones. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas (DC) acusó que diputados de la Alianza retrasaron deliberadamente la votación programada.

Cones apoya a Nueva Mayoría
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La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) valoró la apertura del Gobierno a respaldar que entre las sanciones a los sostenedores de establecimientos educacionales que lucren se contemplen penas de cárcel.

El vocero de la Cones, Ricardo Paredes, valoró la disposición y dijo que "sentimos que nuestros esfuerzos para incidir en el debate han sido relevantes a la hora de darle la gravedad que corresponde al lucro, cuestión que nos deja contentos".

"Estamos hablando recursos de todo el país, que deben ser invertidos en educación, no en las vacaciones de algún sostenedor", remarcó.

El dirigente estudiantil también se refirió a la discusión de las indicaciones al proyecto de ley, que se está realizando en la Comisión de Educación de la Cámara, donde una de las iniciativas que ellos promovieron –que se terminara con el lucro también en los colegios pagados– fue declarada inadmisible.