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miércoles, 25 de septiembre de 2013

25-9-2013-KRADIARIO-EDICIÓN N° 871
EL CIERRE DEL PENAL CORDILLERA QUE CONCRETARÍA EL GOBIERNO PODRÍA SERVIR PARA POSTULAR A LA LIBERTAD CONDICIONAL DE ALGUNOS RECLUSOS COMO MARCELO MOREN BRITO
 
En un documento de 14 páginas entregado hoy miércoles a la Corte Suprema se detallan todos los privilegios de los que gozan diez reclusos, todos ex miembros del Ejército de Chile,  en el penal Cordillera donde cumplen sus respectivas condenas por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Este informe fue entregado por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez,  a la fiscal judicial de la Corte Suprema Mónica Maldonado. El documento está vinculado al reciente anuncio del Presidente Sebastián Piñera de efectuar una revisión de los penales especiales creados por los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos Escobar identificados como Cordillera y Punta Peuco. En caso de cumplirse este cierre, los presos, unos 40 en total, serían trasladados presumiblemente a cárceles comunes, como se ha dado a entender.
 
Sin embargo se estaría pensando, conjuntamente con el cierre del penal Cordillera, "postular a la libertad condicional a Marcelo Moren Brito -foto izquierda- (autor de múltiples violaciones, participó en el asesinato del padre del candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, Miguel Enríquez y en la detención del cantautor Víctor Jara) y Jorge del Río", según el informe revelado entre otros medios por soychile.cl.

Según el informe, entre algunos de los privilegios figuran servicio de salud de primera categoría, dietas según el estado de salud de cada uno supervisadas por una nutricionista, acceso a radio, música, televisión, lectura, actividades deportivas y religiosas, de los cuales gozan los criminales Manuel Contreras y Miguel Krassnoff en Cordillera.
Asimismo, los prisioneros pueden tener “contacto permanente con sus familias, efectuar llamadas telefónicas los días martes y viernes y no cuentan con celdas de castigo”, a diferencias de una cárcel común. En detalle, los diez presos ubicados en el penal Cordillera viven en cinco cabañas que tienen servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación, bien equipadas, según el informe.
Además se explica, por ejemplo, que los privilegios son tales que a Manuel Contreras “se le aplicó como sanción la suspensión de visitas por una semana a contar de hoy, por haber proferido expresiones denigrantes respecto de los funcionarios de Gendarmería, en una entrevista que concedió a medios de comunicación el 10 de septiembre pasado (leer en Kradiario)”.

El documento confirma además las “buenas condiciones materiales” en que se encuentran los militares recluidos, que viven “en cinco cabañas que cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación, bien equipadas (ver foto abajo)”.
Contreras dispone de una cabaña para él solo mientras los demás internos comparten habitación, pero todos tienen acceso a radio, música, televisión, lectura, actividades deportivas y religiosas y autorización para hacer llamadas telefónicas.
En cuanto a la alimentación, se preparan dietas y comidas especiales y además son atendidos por un médico, un psicólogo, un asistente social, tres paramédicos y un kinesiólogo.
 
“En casos de emergencia, son trasladados al Hospital Militar, que se encuentra a sólo cinco minutos” de la cárcel, agrega el informe.
De hecho, el general Contreras concurre desde mayo pasado al nosocomio tres días a la semana para ser dializado debido a problemas renales.

Uno de los reclusos, el general Odlanier Mena, condenado a seis años de presidio, disfruta desde 2011 del beneficio de salida durante los fines de semana, mientras los demás, que han solicitado otros beneficios, han tenido respuestas negativas.
Según el informe, algunos de los oficiales, que tienen entre 68 y 86 años, sienten “el abandono de sus abogados” y “no comprenden por qué se les niegan beneficios a los que otros internos pueden acceder”.
 
Según Gendarmería, la negativa se debe a que los oficiales, “según los informes del psicólogo, no tienen conciencia de los delitos que han cometido”.

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