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jueves, 23 de mayo de 2013

23-5-13-N°854

Falta de reglas para el lucro no fue olvido, fue deliberado

LA GRAN ESTAFA DE LA UNIVERSIDADES DEL LUCRO REVELÓ LA PERIODISTA MÓNICA GONZÁLEZ EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La directora de Ciper Chile, la periodista Mónica González denunció ante  la comisión investigadora sobre el lucro en la educación superior de la Cámara de Diputados,  diversas irregularidades cometidas por   instituciones universitarias privadas que lucran, asegurando que "todas las comisiones investigadores nos han dejado un sabor incompleto, inconcluso".
Indico en este contexto que la investigación que realiza Ciper sobre este asunto detectó, por ejemplo, que al menos una universidad participó en el financiamiento de una campaña electoral.

Respecto a su denuncia sobre los títulos entregados de forma online (también a nivel internacional), Mónica González explicó que en algunos casos se cuestiona tanto la calidad como la existencia de los cursos y que la investigación detectó que estos "no tenían ninguna fiscalización, alcanzaba una magnitud importante e incluso el pago de esto iba por un carril que no iba por la contabilidad central de la Universidad del Mar, era básicamente a uno de los controladores".
Se refirió igualmente la periodista en una entrevista con CNN, sobre la Universidad San Sebastián que Ciper está investigando.  Por ahora se ha detectado y se investiga que dicha universidad ha sido tres veces vendida habiendo entrando “al negocio” diferentes accionistas como controladores. Anticipó que algunas instituciones de educación superior financiarían campañas políticas y que la investigación periodística al respecto está en curso.

De acuerdo con lo expuesto por González, la Universidad San Sebastián "se ha vendido tres veces; la Andrés Bello también se vendió".
"Por no haber un reglamento de la ley que prohíba el lucro, no hay conceptualización de lo que es el lucro ni un reglamento que norme las penas, las condenas, para quienes violan la norma. Eso no fue olvido, eso fue deliberado", recalcó.

González, afirmó también, según Cooperativa,  que "nunca hemos sabido la inversión que retiraron tanto los ministros Lavín como Larroulet. Si hubo ganancia, no hubo ganancia en la inversión que retiraron de la Universidad del Desarrollo. Sería una buena manera de transparencia si lo que sacaron es con lucro o sin lucro. No lo supimos nunca, y no respondieron nunca".

Ciper fue el medio que dio a conocer gran parte de los casos de lucro en las universidades a través de diferentes investigaciones y por ello González  fue invitada a la Comisión, donde expresó que "me gustaría tener por un día las facultades para investigar que ustedes, diputados, tienen y no usan".

"Si ustedes se preocupan mucho de cómo aparecen en los medios están obviando algo que está pasando y que ya no es posible obviar: la información se conoce por otras vías que no son los medios tradicionales", expuso la periodista.

"Lo que haga esta comisión va a ser mirado por la opinión pública. No se olviden de que ya no hay espacio para negociar. Ya es tarde. La transparencia va a ser clave para que ustedes puedan de verdad poner las cosas en su justo término de quién es quién", agregó.

Supuestos sobornos de tres universidades

Tras la acusación por supuestos sobornos para conseguir la acreditación de la Universidad del Mar, SEK y la Pedro de Valdivia, la fiscalia formalizó ayer a las tres personalidades jurídicas por estos supuestos pagos.
Tres ex rectores son los que están frente a la justicia por haber sobornado, supuestamente, para obtener la acreditación de sus instituciones a cargo. Además, habrían recibido $16 mil millones de pesos por concepto CAE. Además habrían concedido favores al ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz durante la acreditación.
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Las universidades se defienden; en el caso de la Universidad Padro de Valdivia señalaron que sólo se trataría de una asesoría en el ámbito global de la calidad, mientras que en el SEK manifestaron que ya se prestaba servicios antes del caso.
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Las instituciones educacionales arriesgan penas de hasta $400 milllones de pesos, pérdidas de beneficios fiscales y prohibición de celebrar contratos con el Estado. Entre las multas, no se estaría contemplando la pérdida de la personalidad jurídica.
 

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