FUERTES CRÍTICAS A LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS HACE AMINISTÍA INTERNACIONAL EN SU INFORME ANUAL
La criminalización de la protesta social, la impunidad imperante sobre los crímenes cometidos entre 1973 y 1990 y las situaciones de discriminación y violación de los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo objeto de preocupación en Chile para Amnistía Internacional (AI), entidad que dio a conocer hoy en Londres su informe anual.
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“El capítulo sobre Chile vuelve a incluir preocupaciones que hemos hecho presente durante ya varios años, y que han sido incluidas tanto en la carta dirigida al Presidente Piñera en marzo de 2012 y la carta enviada a las y los candidatas y candidatos presidenciales en abril de 2013”, señaló Ana Piquer (arriba), Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile. “Lamentablemente, ninguna de estas cartas haya sido respondida”.
En Chile, a lo largo de 2012 se registraron manifestaciones,
en ocasiones violentas, sobre las reformas del sistema de educación pública,
los derechos de los pueblos indígenas, el actuar de determinadas empresas y el
coste de la vida. “Al respecto, hemos continuado manifestando nuestra
preocupación por el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Orden Público y la
posible penalización de las protestas sociales que éste produce”. El proyecto
ha sufrido modificaciones en lo que va de 2013, sin embargo, a pesar de las indicaciones
introducidas por el gobierno, siguen existiendo motivos de preocupación en este
sentido.
En relación a la policía y fuerzas de seguridad, durante
2012, en la región de Aysén, los habitantes bloquearon las carreteras y
levantaron barricadas después de que el gobierno desoyera de manera reiterada
sus preocupaciones económicas. La policía utilizó gas lacrimógeno, balines de
goma y cañones de agua para dispersar a los y las manifestantes y varias
personas resultaron heridas. “En la mayor parte de las protestas y
manifestaciones ocurridas en 2011, 2012 y lo que va de 2013, han existido
denuncias de diferentes formas de violencia policial, incluidos los actos de
violencia sexual contra mujeres y niñas.
No obstante, la mayoría de estos abusos policiales siguen impunes”, indicó Ana Piquer.
No obstante, la mayoría de estos abusos policiales siguen impunes”, indicó Ana Piquer.
Ley de discriminación
Por otra parte, en julio de 2012, entró en vigor
la Ley contra la Discriminación, que prohibía la discriminación por razón de
raza, origen étnico, religión, orientación sexual, identidad de género, edad, aspecto y discapacidad.
Este Ley fue aprobada luego de producirse el brutal asesinato a Daniel Zamudio (derecha),
un joven que recibió una golpiza sólo por ser homosexual y que terminó con su
vida. En 2013, la investigación sobre su muerte aún continúa.
Caso de Karen Atala
En febrero del año pasado, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos dictó una sentencia histórica al considerar discriminatorio un
fallo, emitido en 2003 por la Corte Suprema chilena, que había retirado a Karen
Atala, una madre lesbiana, la custodia de sus tres hijas basándose en su
orientación sexual. “La ley antidiscriminación y la eventual aprobación del
Acuerdo de Vida en Pareja son efectivamente avances en la eliminación de la
discriminación por orientación sexual o identidad de género. Sin embargo,
existen aún importantes materias pendientes para eliminar esta discriminación de nuestra legislación, como por ejemplo
la igualdad total en la legislación sobre matrimonio o unión civil para parejas
del mismo sexo”, explicó Ana Piquer.
Sobre derechos de los pueblos indígenas, en abril de 2012,
la Corte Suprema confirmó la resolución de un tribunal de apelación que
ordenaba la suspensión de un proyecto minero en el norte del país hasta que se
hubiese consultado a la comunidad indígena local, conforme a lo establecido en
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales.
En agosto, la mayoría de los líderes indígenas rechazaron el
plan gubernamental destinado a sustituir el ampliamente criticado decreto de
2009 que regulaba las consultas con los pueblos indígenas. Según afirmaron, la
nueva normativa no era conforme a las normas internacionales sobre
participación efectiva. En noviembre, el relator especial de la ONU sobre los
pueblos indígenas también expresó preocupación por la definición de “consulta”
incluida en la propuesta del gobierno.
“Sin embargo, la implementación de esta normativa resultará
extremadamente difícil mientras no se construya un clima de confianza entre el
Estado y los pueblos indígenas. Esto requiere, entre otras cosas, tener en
consideración las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones
arbitrarias durante operaciones policiales contra comunidades indígenas
mapuches, algunos miembros de las cuales fueron sometidos, al parecer, a
juicios injustos. En abril de 2012, los enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad se saldaron con la muerte de un policía”, expresó Piquer. “Resulta
preocupante que estas denuncias no cesan, y que si bien se han anunciado
medidas para incrementar la presencia policial en la zona, no se han dado a
conocer medidas concretas para investigar, sancionar y prevenir la violencia
policial, que sigue quedando en la impunidad”.
En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos el
aborto siguió constituyendo delito en todas las circunstancias. En octubre, el
Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó
a Chile a revisar su legislación y despenalizar el aborto en caso de violación,
incesto o amenaza para la salud o la vida de la mujer. Ana Piquer señaló al
respecto: “Resulta en este sentido positivo la presentación de un nuevo proyecto
para la despenalización de la interrupción del embarazo en determinados casos,
y esperamos que en esta ocasión el proyecto pueda ser debatido y eventualmente
aprobado. Esto permitirá dar protección a los derechos de las mujeres en Chile,
alineándonos con la Convención de Belem do Pará”.
Sobre impunidad, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias que visitó Chile en agosto de 2012,
mostró satisfacción por los avances en las investigaciones de violaciones de
derechos humanos cometidas durante el gobierno del general Augusto Pinochet (1973-1990). Sin
embargo, expresó preocupación porque, debido a la brevedad de las penas
impuestas, pocos de los responsables declarados culpables estuvieran de hecho
cumpliendo condena.
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Existen diversos aspectos pendientes en Chile para terminar con la impunidad en Chile. Esto es un asunto no sólo del pasado, sino también del presente”, indicó Ana Piquer. “En este contexto, Amnistía Internacional- Chile lanza la campaña internacional “40 años del Golpe de Estado” a través de la cual pide concretamente a la ciudadanía a sumar su firma para pedir a las autoridades chilenas una serie de aspectos que permitirían ir cerrando importantes brechas”.
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Existen diversos aspectos pendientes en Chile para terminar con la impunidad en Chile. Esto es un asunto no sólo del pasado, sino también del presente”, indicó Ana Piquer. “En este contexto, Amnistía Internacional- Chile lanza la campaña internacional “40 años del Golpe de Estado” a través de la cual pide concretamente a la ciudadanía a sumar su firma para pedir a las autoridades chilenas una serie de aspectos que permitirían ir cerrando importantes brechas”.
Estas peticiones son:
- Dejar sin efecto la
Ley de Amnistía de 1978 y otras medidas que permitan la amnistía o la
prescripción para los autores de violaciones de derechos humanos.
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| Ana Piquer |
- Reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que
los abusos a los derechos humanos cometidos por personal militar y de las
fuerzas de seguridad en Chile son investigados y juzgados por los tribunales
civiles.
- Apoyar y fortalecer las iniciativas dirigidas a la
preservación de la memoria histórica de las violaciones graves de los derechos
humanos.
- Asegurar la incorporación de los derechos humanos en todas
las políticas y programas
gubernamentales.
Informe mundial
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