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jueves, 16 de mayo de 2013

16-5-13-N°853

Tensa situación mediática
GRUPO CLARÍN DICE ESTAR PREPARADO PARA ENFRENTAR SUPUESTA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO ARGENTINO

Tras incrementarse los rumores de intervención de fuerzas del Gobierno argentino en las instalaciones del diario Clarín de Buenos Aires la empresa periodística ha tomado desde el domingo diversas medidas de seguridad y de “prevención”, especialmente después que el periodista Jorge Lanata hiciera pública la incertidumbre que vive el Grupo Clarín, el conglomerado de medios más grande de Argentina, frente a supuestas medidas de fuerza que implementaría el Gobierno de Cristina Fernández, en represalia por los continuos ataques y revelaciones de escándalos que se difunden por este medio.
Lanata cerró su última emisión de Periodismo Para Todos en Canal 13 con un alarmante mensaje: "No sé si estaré al aire el domingo que viene. Lo que pido, a todos ustedes, es que si me levantan del aire, hagan algo".
La intervención comenzó como un rumor durante la semana pasada, pero tomó fuerza luego del adelanto que publicara el  diario Perfil  y de la advertencia que el periodista Joaquín Morales Solá publicara en La Nación en el sentido que la decisión de intervenir del Gobierno ya estaba tomada.
El Grupo Clarín, que es fuertemente crítico del gobierno y está enfrentado con la presidenta Cristina Fernández desde hace cuatro años, se hizo eco y tomó medidas "de prevención". Hoy en la madrugada,  las cámaras de Canal 13 ya estaban colocadas sobre las puertas del Grupo para registrar la posible llegada de los interventores. Los móviles del canal están instruidos para hacer guardia en la puerta "por tiempo indeterminado", por lo que permanecen en la entrada al edificio de Tacuarí 1800.
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La mandataria alega que la empresa es un monopolio empresario que la ataca y que falta a la verdad acerca de las acciones del gobierno, mientras que la empresa periodística acusa al Ejecutivo de haber impulsado la aprobación de una ley que busca desguazarlo y que fomentó la creación de fines afines al oficialismo para contrarrestarlo.

Según pudo averiguar Perfil.com, el mismo domingo por la noche colocaron un vallado de contención sobre la calle Piedras 1700, donde se encuentra el ingreso administrativo. Asimismo, se notificó al personal para que ingrese por la calle Tacuarí.
 
Sumado a ello, en la fachada del edificio ya no luce el logo característico de le empresa. "Son medidas de prevención", dijeron autoridades de Clarín a este portal, sin dar más detalles, para "evitar que se sigan agrandando los rumores".
Las medidas llegan con el antecedente inmediato del ataque al edificio de Cablevisión, baleado durante la madrugada del sábado por desconocidos.
Los voceros del Grupo Clarín aseguran que "en este momento no hay nada de nada, sólo las versiones periodísticas". Sin embargo, la empresa ya comunicó a sus empleados de la tensa situación mediante un comunicado titulado: "Nueva arremetida K contra la prensa independiente".
El texto hace énfasis en tres hechos específicos que darían lugar a una intervención del Gobierno:
1.- El proyecto de ley para expropiar las acciones de Clarín en Papel Prensa que presentaron Diana Conti y Carlos Kunkel en Diputados.
2.- La "intensificación" de las versiones de intervención, luego de la irrupción de Guillermo Moreno y Axel Kicillof en la última asamblea de accionistas de la empresa.
3.- Este punto se refiere al documento "nuevas operaciones oficiales de difamación", referido a una conferencia de prensa del gabinete económico del gobierno, donde relacionaron a los gerentes del Grupo con el empresario santacruceño Lázaro Báez, imputado por supuesto lavado de dinero.
El argumento “legal” para poder concretar la intervención está vinculado a la ley de mercado de capitales, sancionada en noviembre último, cuyo artículo 20 le otorga a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de intervenir cualquier sociedad que cotiza en la Bolsa de Valores. De esta forma, el titular de la CNV, Alejandro Vanoli podría intervenir el Grupo Clarín alegando que, de forma unilateral, se están violando los intereses de los accionistas minoritarios de una empresa que opera en el mercado bursátil.
El periodista Joaquín Morales Solá del diario La Nación dijo que la decisión de intervenir Clarín ya estaría tomada por parte del Gobierno. Y, siguiendo con la advertencia del columnista, la primera decisión sería sacar del aire a Jorge Lanata (TV Trece).
 
Comunicación oficial al diario Clarín
 
El gobierno argentino informó el lunes al Grupo Clarín que inició el proceso para subastar las licencias (diarios, radios y TV) que exceden el cupo que le corresponde según una ley de medios aprobada en 2009.

Martín Sabbatella, titular de la autoridad que regula el mercado de medios audiovisuales, dijo el lunes que el gobierno hará que el conglomerado de medios y otras compañías cumplan la ley, la cual prohíbe a las empresas excederse de un número determinado de licencias de medios de comunicación.

El viernes, el juez de primera instancia Horacio Alfonso declaró constitucionales dos de los artículos de la norma que disponen el desprendimiento de licencias en determinadas situaciones y que son cuestionados por Clarín.

En una conferencia de prensa improvisada frente a las oficinas de Grupo Clarín en Buenos Aires, Sabbatella informó que se aprestaba a notificar "el inicio de la transferencia de oficio de licencias" del multimedios, un proceso que podría tomar 100 días hábiles, y dijo que "no hay medidas cautelares vigentes" que suspendan la aplicación de la norma.

Según el funcionario, el proceso de transferencia de oficio de las licencias contempla la notificación al medio afectado, la tasación de las mismas por un tribunal especial, la selección de las licencias y los bienes afectados para su licitación, su concurso y adjudicación y después el traspaso del titular original al nuevo titular.

El Grupo Clarín dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que las acciones del gobierno son ilegales y contravienen fallos anteriores dictados en favor del conglomerado. El grupo periodístico apeló el lunes el fallo del juez Alfonso sobre la constitucionalidad de los artículos.

El abogado de Clarín, Damián Cassino, dijo a la prensa que Sabbatella está "incumpliendo" una medida cautelar dictada por una cámara de apelaciones hace unos días, que suspendió la aplicación de los artículos hasta que no haya una sentencia firme y definitiva sobre su constitucionalidad, sobre lo que, según expertos, muy posiblemente se termine pronunciando la Corte Suprema.

Por otro lado, el abogado dijo que el fallo de Alfonso "tiene firmeza luego de transcurrido los cinco días".

"El fallo de Alfonso quedó suspendido con la apelación que hizo la empresa... y hay una decisión de la cámara (en lo Civil y Comercial Federal), del 6 de diciembre, que expresamente establece que no se puede iniciar ningún proceso de transferencia de oficio (de licencias) porque no han transcurrido los plazos para tal conducta", señaló el letrado.

Además, el juez estaría incumpliendo otra cautelar que se dictó el pasado viernes, "el mismo día que sacó el fallo, que es del juzgado 3, y que ordena que no se interfiera el servicio de internet que presta la empresa a través de Fibertel", dijo Cassino.

Según el abogado de Clarín, ese último punto "es muy importante porque Sabbatella vino hoy a identificar bienes que entraban en subasta y en el proceso de transferencia de oficio, y esos bienes son las redes de Cablevisión", a través de las cuales el grupo presta el servicio de Fibertel.

"Si Sabbatella continúa con su procedimiento, la empresa se verá impedida de brindar el servicio de Fibertel y él estará incumpliendo la medida cautelar", dijo Cassino.

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