LA ESTRATEGIA PERPETUA
Por Camilo Escalona
Un vespertino de la ciudad de Santiago ha informado en detalle la tarea de intervención electoral procedente del más alto nivel de gobierno, tendiente a la formación de una lista de candidaturas parlamentarias “competitivas”; es decir, se supone capaces de lograr un empate en la futura composición de ambas cámaras del Congreso Nacional, la que emergerá de los comicios de noviembre próximo.
Se señala en la información que La Moneda respalda esta actitud de injerencia en encuestas a su disposición que le entregaría a las fuerzas hoy en la oposición la capacidad de “doblar” en varios distritos de diputados e incluso en ciertas circunscripciones senatoriales.
Este esfuerzo, lógicamente, ha sido encargado con alto “secretismo”. Añade la información que los ajetreos desde el palacio presidencial tendrían como propósito “bajar” a competir, desde su cartera al ministro de Cultura, debido a un supuesto sobresaliente posicionamiento en tales encuestas que lo haría una “potente” carta electoral en la región de Coquimbo.
Como el trabajo debiese ser completo, un grupo de juristas tendría que encontrar la manera que tal postulación sea factible, ante el detalle no menor que la Constitución Política del Estado exige que los ministros renuncien un años antes cuando se tienten o sean tentados para postular al Parlamento.
Este proceso de aunar voluntades convergería, naturalmente, en la primacía indispensable para proyectar al actual gobernante al sillón presidencial en el 2017.
La teoría de la silla musical en versión ampliada. El gobierno como comando de campaña electoral.
Esta es la distorsión y desnaturalización de funciones que vengo denunciando desde hace varios meses. La torpeza de estos intentos me podría inclinar a guardar silencio.
Sin embargo, hay un tema-país: la intervención electoral es de muy triste recuerdo y de nefastos efectos, no es propia de las reglas del juego democrático, conlleva la huella y la marca de un autoritarismo de muy mal sabor en nuestro país.
La razón es inequívoca, desde el gobierno central se interviene a los partidos afines, dañando su legitimidad e institucionalidad y buscando la derrota de los opositores políticos mediante un sistemático abuso de poder.
El efecto es confrontación y polarización y un clima nacional que se vuelca contra sus propios autores. Los gobernantes se desautorizan ante el país ante afanes de perpetuación que resultan tan ilegítimos como inocultables.
En democracia el gobierno debe responder por el interés general de la nación. Mucho se habla en estos días de prestigiar la política, el intervencionismo electoral es uno de los golpes más duros que se puede proferir a la transparencia y a las buenas prácticas políticas.
De manera que no es un ejercicio retórico inútil solicitar, una vez más, la observancia del espíritu y de la tradición republicana, aquella que es inequívoca: el ejercicio del poder debe ajustarse plena y cabalmente al principio de legalidad, la autoridad no se puede arrogar otras atribuciones que no sean aquellas que le están expresamente conferidas. El interés del país así lo obliga.
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