Por Felipe Portales
En la medida en que este país haya legitimado, consolidado y perfeccionado las instituciones políticas, económicas y sociales impuestas por la dictadura en la década de los 80, es lógico que ya no desee realmente una Constitución democrática que posibilite un desmantelamiento de aquella estructura institucional. Pero, además, una convocatoria como esa establecería un debate nacional sobre nuestra historia reciente que desnudaría el giro copernicano que ha experimentado dicho liderazgo en materias políticas, económicas y sociales.
En primer lugar, quedaría en evidencia que el liderazgo de la Concertación abandonó un postulado esencial que planteó como oposición a la dictadura a lo largo de la década de los 80: ¡La necesidad de establecer una Constitución democrática a través de una Asamblea Constituyente!
En efecto, ya Eduardo Frei -representando a toda la oposición en el acto en el Teatro Caupolicán de septiembre de 1980, contra el plebiscito fraudulento convocado por Pinochet para ratificar su Constitución- había planteado la exigencia de una Asamblea Constituyente. Y posteriormente, el Grupo de Estudios Constitucionales (“Grupo de los 24”), que concertaba igualmente al conjunto de la oposición a la dictadura, planteó también aquello como requisito ineludible para el restablecimiento democrático.
Bases de Reforma Constitucional
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Así, en la primera mitad de los 80, en su documento “Bases fundamentales de la Reforma Constitucional”, sostuvo “que el proceso de generación de la nueva Constitución debe orientarse esencialmente a lograr el máximo acuerdo o consenso nacional, para lo cual debe cumplir las siguientes condiciones: a) que se verifique bajo un régimen de plena vigencia del derecho y de las libertades públicas; b) que una Asamblea Constituyente, ampliamente representativa de todos los sectores y tendencias nacionales, estudie el proyecto en público debate; c) que el pueblo sea llamado a pronunciarse libre e informadamente sobre las principales alternativas que surjan de ese estudio; y d) que tanto para la elección de la Asamblea Constituyente por sufragio universal, como para la realización del plebiscito en que el pueblo decida, se constituya previamente el Cuerpo Electoral mediante la apertura del Registro de Ciudadanos y se regulen, también previamente, los procedimientos de sufragio que garanticen la libertad y el secreto del voto y la corrección de los escrutinios, requisitos necesarios para la validez de dichos actos” (Proyecto Alternativo; Seminario de profesionales y técnicos humanistas cristianos; Tomo II, 1984; Anexo Nº 1; p. 73).
El rechazo total de esta idea por los principales líderes fácticos actuales de la Concertación no ha podido ser más categórico. De este modo, Camilo Escalona ha descartado despectivamente la idea como “fumar opio”; y uniendo su desprecio a una crasa ignorancia, ha planteado que “no veo que sea practicable ¿Quién la va a convocar? Si se junta un grupo de dirigentes sociales y se constituyen como asamblea constituyente, eso no es más que un grupo de personas que se juntaron. No tiene ningún efecto práctico” (El Mercurio; 1-9-2012). A su vez, José Miguel Insulza, demostrando un franco temor por la iniciativa, señaló que “una asamblea constituyente es una confrontación y eso no lo queremos, yo no lo quiero por lo menos. A la asamblea constituyente uno sabe por donde entra, pero no por donde se sale” (La Segunda; 29-8-2012).
Debate sobre una Constituyente
Un debate nacional para una Asamblea Constituyente dejaría también en evidencia la “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha experimentada por el liderazgo concertacionista a fines de los 80 -reconocida por Edgardo Boeninger en 1997- y “que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello; p. 369). Y ¡que aún no está en condiciones de reconocer! Esta convergencia se ha expresado, en la práctica, respecto del conjunto de las “modernizaciones” impuestas por la dictadura: Plan Laboral, AFP, ISAPRES, LOCE-LGE, Ley de Concesiones Mineras, privatizaciones de servicios públicos, etc.
Para comprender dicho “giro copernicano” del liderazgo de la Concertación, valgan tres ejemplos. Primero, respecto de las AFP, que el PDC –al igual que los demás partidos opositores- cuestionó esencialmente en la década de los 80.
Así, en el mayor esfuerzo de reflexión, análisis y prospectiva realizado por dicho partido en esa década, el Proyecto Alternativo -y que fue recogido en cuatro volúmenes- se expresaba: “En particular, nos parece necesario, en primer lugar, terminar con el actual sistema previsional que permite que los fondos previsionales sean administrados por administradoras privadas (AFP), y pasar a un sistema de reparto, como el que existía en la práctica en el pasado. Las nuevas instituciones previsionales, que se crearán en reemplazo de las actuales, deberían ser administradas de un modo tal que aseguren una participación activa de los trabajadores en la administración de sus instituciones previsionales” (Proyecto Alternativo; Tomo II; p. 284).
Michelle Bachelet
Sin embargo, el gobierno de Michelle Bachelet – ¡teniendo la Concertación mayoría parlamentaria!- concordó con la derecha una reforma que, sin perjuicio de establecer una pensión básica solidaria a cargo del Estado, consagró sus rasgos esenciales. Esto es, la capitalización individual de los fondos previsionales y su administración por entidades pertenecientes a grandes grupos económicos, sin ninguna participación de los trabajadores organizados.
Asimismo, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras fue también fuertemente cuestionada, por estimarse que permitía una privatización encubierta –y en contra de la propia Constitución del 80- de la gran minería del cobre. De este modo, el PDC, en conferencia de prensa dada en junio de 1984 por Gabriel Valdés, Radomiro Tomic y Renán Fuentealba, le pidió al Gobierno la derogación de dicha ley y su sustitución por una legislación “más adecuada a la realidad del mercado internacional y a los intereses del Estado y del pueblo de Chile”; e invitó a que los distintos Estados del CIPEC (Comité Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre), incluyendo a Chile, establecieran “criterios comunes respecto a la producción, comercialización y precios del metal rojo en el mercado mundial, para promover en común los respectivos intereses nacionales” (La Segunda; 15-6-1984).
Sin embargo, los gobiernos de la Concertación no solo no hicieron nada en la dirección antes indicada, sino que además “aprobaron rebajas de impuestos a las empresas mineras, así como también modificaciones que disminuyeron su base tributable”. Asimismo, “promulgaron leyes que facilitaban la venta de los yacimientos entre empresas privadas y que autorizaban a CODELCO para traspasar a las empresas privadas los yacimientos no explotados” (Orlando Caputo y Graciela Galarce.- La entrega al extranjero del cobre que nacionalizó Salvador Allende; en Luis Corvalán Márquez (Compilador y Prologuista).- Centenario y Bicentenario. Los textos críticos; Edit. USACH, 2012; p.617).
Prometida Política laboral
Pero quizá lo que más revela el total viraje del pensamiento económico del liderazgo concertacionista y el desenfadado engaño del que ha hecho víctima a sus bases y al país, lo constituye el contraste entre la política laboral prometida en 1989 y la realizada en sus veinte años de gobierno. En efecto, el Programa presidencial de Patricio Aylwin planteaba una total sustitución del “Plan Laboral” impuesto por la dictadura. Así, respecto de los sindicatos planteaba –entre otras cosas- la vigencia plena del fuero sindical; “la cotización obligatoria de todos los trabajadores en beneficio de las organizaciones sindicales, en sus diferentes grados, o de fondos de educación y extensión sindical”; el reconocimiento de que “solo las organizaciones sindicales (sindicatos, federaciones y confederaciones) sean contrapartes de los convenios y contratos colectivos”; y el “reconocimiento a las federaciones y confederaciones del derecho a suscribir convenios y contratos colectivos”.
Y en relación a la negociación colectiva y huelga el Programa proponía “revisar las normas que prohíben negociar determinados puntos o materias, a fin de ampliar las áreas o aspectos a negociar”; “asegurar que los convenios y contratos colectivos se apliquen a todos los trabajadores y empresas comprendidos en la negociación, incluso a quienes se incorporan al sindicato con posterioridad a dicha negociación”; “reconocer que solo las organizaciones sindicales sean contrapartes de los convenios y contratos colectivos”; “que la empresa en huelga legal efectiva no pueda contratar reemplazantes”; “derogar las normas que permiten la desafectación o descuelgue a los 30 días de la huelga legal, como también la sanción de caducidad del contrato transcurridos 60 días”; “suprimir la prohibición de negociar más allá de la empresa”; y “en aquellos sectores en que los trabajadores, por las características de las actividades en que laboran, no tengan la posibilidad de una negociación colectiva eficaz, las autoridades del trabajo convocarían a representantes de empresarios y trabajadores del respectivo sector a fin de establecer tarifados mínimos aplicables a su ámbito de actividad, a través de mecanismos tripartitos” (Bases Programáticas de la Concertación de Partidos por la Democracia; 1989; pp. 55-8).
En esta misma línea -¡pero diez años después!- el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle presentó un proyecto de ley de reforma laboral, entre la primera y la segunda vuelta de la elección de Lagos; y sabiendo que la derecha lo rechazaría. Obviamente que fue presentado como un recurso electoral, dado lo estrecho del resultado de la primera vuelta y el temor de que finalmente ganara Lavín la Presidencia. El proyecto –entre otras cosas- “establecía la obligatoriedad de la empresa de proporcionar información esencial para la negociación colectiva, tal como política de recursos humanos e información financiera”; “extendía el derecho a negociación colectiva a los trabajadores afiliados a sindicatos interempresas”; “permitía a los trabajadores eventuales y transitorios (construcción) y temporeros (agrícolas) negociar colectivamente las condiciones de trabajo para la temporada futura”; “prohibía la contratación de trabajadores de reemplazo durante la realización de huelgas legales; y castigaba “las prácticas antisindicales en que incurren los empresarios” (La Nación; 3-12-1999).
Así, luego del rechazo del proyecto por la derecha en el Senado, el entonces presidente Frei dijo que “tres millones de trabajadores son los únicos perdedores con la votación de la derecha” y que “este debate ha mostrado al país quienes están por mejorar las condiciones laborales y quiénes se oponen a ampliar los derechos de los trabajadores” (La Nación; 3-12-1999). A su vez, el entonces presidente del PDC, Gutenberg Martínez, dijo que “a partir de esta votación en el Senado, consideramos que Joaquín Lavín no tiene ninguna credibilidad y que se comprobó que no es más que un instrumento de los malos empresarios” (La Nación; 3-12-1999). En efecto, la generalidad de los analistas políticos consideró que aquel rechazo fue funesto para las pretensiones presidenciales de Lavín. Pero además, el senador DC Jorge Pizarro “aseguró que esperan reponer el proyecto el próximo año, ‘cuando Ricardo Lagos sea Presidente y Eduardo Frei sea senador y tengamos mayoría para aprobar la iniciativa’” (La Nación; 3-12-1999).
El problema es que ocho meses después –a partir de agosto de 2000 y hasta marzo de 2002- y ¡cuando Lagos y la Concertación efectivamente tuvieron mayoría (por los desafueros combinados de los senadores Errázuriz y Pinochet) aquel proyecto fue totalmente olvidado! Y la misma omisión caracterizó al Gobierno de Bachelet que tuvo mayoría parlamentaria desde sus inicios y por casi dos años. De acuerdo a los propios términos de Gutenberg Martínez habría que concluir que ambos gobiernos no fueron “más que un instrumento de los malos empresarios”.
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