Por Walter Krohne
Tanto hemos escrito sobre el escenario político chileno y la calidad de los políticos, pero siempre quedan temas pendientes. Hoy nos vemos alarmados por el tratamiento que ha tenido la investigación del tsunami que mañana debe ser cerrada en la respectiva Comisión de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se puede cerrar un trabajo largo y complicado al que le falta todavía camino por recorrer? ¿Cómo se puede decir que sólo llegamos hasta aquí cuando hay una serie de antecedentes pendientes y nuevos? ¿Para qué sirven entonces las comisiones investigadores si no consiguen llegar al final y dejan sin resolver muchas interrogantes en problemas de Estado?
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Todo indica que ambos sectores políticos –la Alianza y la Concertación– tienen responsabilidades iguales en este asunto. Los primeros están asustados tras conocer la última encuesta CEP que le da a la ex Presidenta Michelle Bachelet un 51 por ciento de las preferencias electorales, si la elección presidencial fuera hoy. Bajo esta presión intentan hacer todo lo posible para eliminar de raíz este “verdadero mal” que les podría impedir continuar en el poder después del 2013. Este es el fondo del asunto, aunque parezca una especulación, que no lo es.
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Los segundos están en la posición opuesta pero frente a la misma figura de la ex Presidenta Bachelet que defienden a todo dar, la que además se ha convertido en una "pieza vital" que puede abrirle o cerrarle puertas a la centroizquierda chilena y, en este caso, serían otra vez las puertas de La Moneda. Sin embargo, hasta ahora nadie sabe con certeza si la ex Presidenta está dispuesta realmente a retornar a Chile con este fin e indicarle otra vez el camino a una debilitada coalición opositora. Hasta ahora ella ha guardado sepulcral silencio.
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Ambos sectores han actuado con gran irresponsabilidad, porque no se trata de videos más ni videos menos, sino que los chilenos tienen el derecho de saber toda la verdad sobre lo ocurrido y especialmente conocer las responsabilidades políticas que han tenido cada uno de los actores que estuvieron en la madrugada del 27 de marzo de 2010 en las oficinas de la ONEMI en Santiago.
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No se trata de amenazas o de buscar castigos, sino que aprender de los errores para poder mejorar el sistema chileno de seguridad, especialmente cuando tenemos 4.000 kilómetros de pura costa.
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Pero en Chile la política o, mejor dicho, la "politiquería", es más importante que lo que ha ocurrido con 156 chilenos que murieron en el tsunami mientras otros 50 desaparecieron. La ex Presidenta es el punto central de ambos bandos, que la disputan o la condenan y, lo que realmente hay en el fondo es sólo un mezquino oportunismo sin excepción.
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Los representantes de la alianza están interesados en llegar hasta las últimas consecuencias, con o sin Comisión Investigadora, e intentan juzgar a Michelle Bachelet ante un tribunal por el cargo de “denegación de auxilio”, lo que podría inhabilitarla de por vida para ocupar cargos públicos si fuera declarada culpable. Los que están detrás de este siniestro plan argumentan que nadie en Chile, ni tampoco una ex Presidenta, puede estar fuera de la Ley. Esto es cierto, pero tampoco no hay que exagerar.
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En la otra esquina del gran ring, este panorama pone nervioso a los concertacionistas que no verían con agrado tener que pasar otros cuatro años sentados en el banquillo opositor sin participar en las grandes decisiones del Estado. Es ni más ni menos comparable con la angustia que debe sentir un futbolista cuando tiene que pasar sentado en la banca todo el partido sin jugar.
Los segundos están en la posición opuesta pero frente a la misma figura de la ex Presidenta Bachelet que defienden a todo dar, la que además se ha convertido en una "pieza vital" que puede abrirle o cerrarle puertas a la centroizquierda chilena y, en este caso, serían otra vez las puertas de La Moneda. Sin embargo, hasta ahora nadie sabe con certeza si la ex Presidenta está dispuesta realmente a retornar a Chile con este fin e indicarle otra vez el camino a una debilitada coalición opositora. Hasta ahora ella ha guardado sepulcral silencio.
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Ambos sectores han actuado con gran irresponsabilidad, porque no se trata de videos más ni videos menos, sino que los chilenos tienen el derecho de saber toda la verdad sobre lo ocurrido y especialmente conocer las responsabilidades políticas que han tenido cada uno de los actores que estuvieron en la madrugada del 27 de marzo de 2010 en las oficinas de la ONEMI en Santiago.
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No se trata de amenazas o de buscar castigos, sino que aprender de los errores para poder mejorar el sistema chileno de seguridad, especialmente cuando tenemos 4.000 kilómetros de pura costa.
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Pero en Chile la política o, mejor dicho, la "politiquería", es más importante que lo que ha ocurrido con 156 chilenos que murieron en el tsunami mientras otros 50 desaparecieron. La ex Presidenta es el punto central de ambos bandos, que la disputan o la condenan y, lo que realmente hay en el fondo es sólo un mezquino oportunismo sin excepción.
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Los representantes de la alianza están interesados en llegar hasta las últimas consecuencias, con o sin Comisión Investigadora, e intentan juzgar a Michelle Bachelet ante un tribunal por el cargo de “denegación de auxilio”, lo que podría inhabilitarla de por vida para ocupar cargos públicos si fuera declarada culpable. Los que están detrás de este siniestro plan argumentan que nadie en Chile, ni tampoco una ex Presidenta, puede estar fuera de la Ley. Esto es cierto, pero tampoco no hay que exagerar.
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En la otra esquina del gran ring, este panorama pone nervioso a los concertacionistas que no verían con agrado tener que pasar otros cuatro años sentados en el banquillo opositor sin participar en las grandes decisiones del Estado. Es ni más ni menos comparable con la angustia que debe sentir un futbolista cuando tiene que pasar sentado en la banca todo el partido sin jugar.
Es un cuadro complejo que se levanta muy al estilo "chilensis" y que pone énfasis en la mediocridad de la política y de los políticos, porque lamentablemente en esta competencia sólo se trata de derrotar al rival cueste lo que cueste y por cualquier medio. Este, precisamente, no es el camino, a pesar que los parlamentarios concertacionistas con el PRI y los independientes le pusieron fecha de cierre al trabajo de la Comisión dejando grandes dudas sobre el papel real cumplido por la Presidenta y su equipo de Gobierno la noche fatídica del 27/F. Esta situación les puede jugar ahora y en el futuro próximo una muy mala pasada, porque las manchas, producto de las especulaciones, son muy difíciles de borrar. Peor aún cuando la Concertación decide retirarse de la Comisión dejando completamente solo al "enemigo" para que haga y deshaga en desmedro de la ex mandataria, porque encontrar errores ajenos no cuesta nada.
Hoy el alcalde de Juan Fernández Leopoldo Gonzales, de Renovación Nacional, comparecerá ante la Comisión con un nuevo video que ratifica que la Presidenta sabía a las 7 de la mañana del 27 de febrero de 2010 que había un tsunami en la isla. “Yo hablé con la Presidenta y ella se comprometió a mandar ayuda. Creo que eso puede aportar algo” dice el edil.
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