El presidente de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau, calificó hoy de "ilegítima" la expropiación de su filial argentina y acusó al gobierno de Cristina Fernández de querer comprar YPF a precio de saldo, lo que el consorcio español valora en 18.300 millones de dólares. La petrolera acudirá al arbitraje internacional.
La petrolera española Repsol ha iniciado la batalla legal para recuperar el control de su ex filial argentina YPF o para ser indemnizada por la pérdida de control de la misma, que ayer fue expropiada por la presidenta Fernández y que todavía debe ser avalada por el poder legislativo de Argentina.
Brufau, en una rueda de prensa, justificó la expropiación por "una campaña llevada a cabo por el gobierno argentino orientada a provocar el desplome del valor de las acciones en bolsa (esta mañana ha caído el 7% el valor de las acciones de Repsol en la apertura de la bolsa española) de YPF para apropiarse de la mayoría de las acciones a un precio de saldo".
La petrolera española emprenderá acciones legales contra la nacionalización de la mayoría de las acciones que conforman el capital de YPF, según ha anunciado Brufau.
El empresario anunció que recurrirá al arbitraje internacional y exigirá una compensación "pronta" por las acciones expropiadas, al menos por la misma cantidad que la que le correspondería a los accionistas de acuerdo con la ley y que la compañía cifra en 46,55 dólares por acción, lo que supone valorar YPF en 18.300 millones de dólares.
El valor estimado que hace Repsol de YPF sería de 46,55 dólares (35,11 euros) por acción, con lo que el valor total de la compañía es de 18.300 millones de dólares (13.755 milllones de euros): 10.500 millones de dólares de estos (8.000 millones de euros) correspondientes al 57,4% de la participación de Repsol.
Por lo que, en los tribunales internacionales la petrolera española tiene la intención de reclamar a Argentina al menos 10.500 millones de dólares por la expropiación de YPF, que representa el valor del 57,4% que tenía Repsol sobre YPF antes de la expropiación anunciada ayer (tras la nacionalización impuesta por el Gobierno argentino, la petrolera española controlará el 6% del capital).
"Vamos a reclamar a Argentina en los tribunales como mínimo 10.500 millones tras la expropiación, pero si podemos pediremos más", ha reiterado el presidente de Repsol.
Según figura en el proyecto de ley del Gobierno de Kirchner, el 51% de YPF nacionalizado provendrá enteramente de la participación actual del 57% que controla Repsol.
La española se quedaría así con un paquete mínimo representativo del 6,43%. Según el texto legal remitido por el Gobierno al Congreso, el 51% que será expropiado estará "representado por igual porcentaje de las acciones Clase D pertenecientes a Repsol YPF".
El precio final
La compañía española entiende que para llevar a cabo la expropiación del 51 % de la compañía, el Gobierno del país austral debería lanzar una opa, ha explicado en una multitudinaria rueda de prensa el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
Según los estatutos de YPF, de la que Repsol controla el 57,4 %, en el supuesto de una adquisición igual o superior al 15 %, el comprador debe formular una oferta pública de adquisición (opa) por la totalidad de las acciones de la compañía y en efectivo.
En este caso, el criterio aplicable para determinar el precio por acción de YPF consistiría en multiplicar el PER (ratio por acción) máximo registrado por la compañía de los dos últimos años por el resultado neto por acción de los últimos doce meses.
"Imagino que el Gobierno (argentino) intentará no cumplir con lo que tiene que hacer", ha lamentado el presidente de la petrolera, quien ha ironizado con la separación de poderes en el país y que ha anunciado que recurrirá al arbitraje internacional.
El directivo ha insistido en que han recibido ofertas para participar en YPF por ese precio (46,55 dólares por acción) y ha lamentado que la presidenta del Gobierno, Cristina Fernández, no las haya querido escuchar porque, en su opinión, tenía tomada la decisión de expropiar la compañía desde el primer día.
Ha considerado que ahora ninguna empresa se aventurará a entrar en una compañía cuya propiedad está en litigio.
El precio final de la expropiación lo fijará el Tribunal argentino de Tasaciones, asesorado por el propio Gobierno argentino. "Resulta sorprendente conociendo la independencia de las instituciones argentinas", ironizó hoy Repsol.
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