La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) entregó hoy una declaración sobre el nuevo informe de la Comisión Valech, a cargo de la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. El informe Valech III fue entregado ayer al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y al ministro de Justicia, Teodoro Ribera en el Palacio de La Moneda en Santiago.
La declaración de CECT, dirigida a las autoridades del Estado de Chile y a la comunidad nacional e internacional, es la siguiente:
1.- Los resultados de la reapertura –en febrero del 2010-, de la Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura (CNPPT), revelan nuevamente la profundidad del horror de
la represión vivida durante los años de la dictadura (1973-1990), período en el que la
tortura fue el elemento fundamental de la sistemática represión ejercida contra el pueblo
chileno. Los 32.000 nuevos casos presentados, de los cuales sólo fueron reconocidos
menos de 10.000, evidencia la necesidad que esta Comisión funcione como una instancia
permanente de recepción de antecedentes y testimonios, demostrando así la real voluntad
del Estado por encontrar la VERDAD de lo ocurrido, a pesar de la nula cooperación y
silencio de las Fuerzas Armadas, de Orden y de los civiles que ampararon las violaciones a
los Derechos Humanos y que desgraciadamente aún permanecen en la impunidad.
2.- A 7 años de conocido el Primer Informe de la CNPPT, denunciamos el
incumplimiento del compromiso nacional e internacional del Estado chileno de
implementar medidas de NO REPETICION de la tortura, tratos crueles inhumanos y
degradantes como lo señala la Convención Internacional; el país y el mundo han sido
testigos de la brutal represión a los estudiantes, trabajadores, comuneros mapuches y
defensores del medio ambiente, que al manifestar sus derechos han sido sometidos a
amedrentamiento, golpes, tortura y abuso de poder por parte de las fuerzas policiales. A lo
anterior, se suma la falta de tipificación de la tortura como un delito en el Código Penal, la
ausencia de medidas educativas y de prevención de la tortura, así como la carencia
absoluta de Educación y Promoción de los Derechos Humanos en los planteles
educacionales del país y en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden.
3.- Denunciamos, así mismo, la falta de compromiso del Estado con la búsqueda de
JUSTICIA respecto de la tortura y la vigencia de la ley 19.992 que impide por 50 años a
los tribunales de justicia conocer los delitos denunciados ante la Comisión Valech.
Recientemente el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su Informe del
año 2010 señaló que de 28.459 víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura
reconocidas en el año 2004, existen sólo 24 procesos abiertos, representando a cerca de
270 víctimas, y sin que a la fecha un solo torturador haya sido condenado como autor
de este crimen de lesa humanidad. La falta de Justicia, desgraciadamente, propicia la
repetición de este crimen y varias son las personas que han perdido la vida a golpes,
torturas y tratos crueles ocasionados por agentes del Estado chileno en los últimos años,
tal es el caso de Jhonny Cariqueo, Mario Oviedo Aguilar, Daniel Riquelme, Franco
Coronado y Luis Santander, entre otros casos recientes.
4.- A 10 años de la fundación de la Comisión Ética Contra la Tortura reafirmamos nuestra
lucha por VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA y REPARACIÓN INTEGRAL para
todas las personas sobrevivientes de tortura y sus familias que no han sido consideradas
por la Comisión Valech, como son las personas detenidas en manifestaciones públicas y
en los allanamientos a las poblaciones, no importando las horas o días detenidas, porque
frente a la tortura basta un par de minutos para cambiar brutalmente la vida de una
persona; reclamamos Verdad y Justicia para quienes padecieron tortura fuera de los
recintos “oficiales” de detención; las víctimas que han fallecido en los últimos años; los
extranjeros detenidos y torturados en Chile; los chilenos torturados en el exterior en el
marco de la Operación Cóndor.
Recordamos al Estado Chileno que el artículo 14 de la Convención Internacional contra la
Tortura, reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y
adecuada”, cuyo espíritu es compensar el daño físico, sicológico, social y moral inferido,
lo que en Chile está muy lejos de ajustarse a la Convención considerando que la gran
mayoría de los afectados han padecido adicionalmente exilio, cesantía o imposibilidad de
culminar estudios, viendo tronchados sus proyectos de vida.
Comisión Ética Contra la Tortura (CECT)
Santiago de Chile, 19 de Agosto de 2011
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