El mandatario necesita elegir un Tribunal Constitucional afín para poder lograr que se le permita postular a un tercer período presidencial
Bolivia vive una nueva fase de confrontación entre el Presidente Evo Morales y los partidos de la oposición, que lo acusan de querer copar el Poder Judicial en la elección de los máximos magistrados del país en octubre próximo, para asegurarse desde 2015 un tercer mandato de forma inconstitucional.
"El pulso arrecia", señaló el diario boliviano La Jornada de La Paz, mientras se realiza en estos días la selección de los precandidatos a magistrados de los cuatro máximos órganos de la Justicia: Tribunal Supremo, Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. La inédita elección en las urnas de 56 magistrados será el 16 de octubre, entre una lista de 125 candidatos que elaborará hasta mediados de julio el Congreso, dominado por el oficialismo.
Para la oposición y algunos analistas, la mayoría de esos candidatos serán con seguridad oficialistas, para asegurar a Morales el control del Tribunal Constitucional para que este órgano no pueda poner trabas a una tercera postulación de Morales a la Presidencia e impedir las demandas sobre reformas.
"La estrategia es tener un Tribunal Constitucional legitimizado por el voto para autorizar la segunda reelección de Evo Morales. Ese es el objetivo de todo esto", declaró ayer el diputado opositor Jaime Navarro, de la centrista Unidad Nacional.
En tanto, para el analista político Carlos Cordero hay muchas señales que "confirman los temores, no solo de la oposición, sino de la ciudadanía", de que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales trata de tener presencia dominante en los altos cargos judiciales.
"Yo diría que el interés final de tener tribunales electos está en el hecho de poder consultar la viabilidad de una tercera elección para tener magistrados que sean afines, simpatizantes con el partido de Gobierno, lo que le allanaría el camino y le daría aval ante la comunidad internacional", apuntó Cordero.
Morales expresó que desde 2010 piensa en un tercer mandato para el período 2015-2020, pese a que la Constitución vigente desde 2009 permite sólo dos mandatos consecutivos.
El mandatario nacionalista e indigenista ganó sus primeros comicios presidenciales en 2005 y fue reelegido en 2009.
Morales y sus partidarios argumentan que la primera elección no cuenta, porque no estaba vigente la nueva Constitución, interpretación que rechazan sus detractores, ya que inició su primer mandato el 22 de enero de 2006 y el segundo el mismo día de 2010.
La diputada oficialista Betty Tejada declaró que si Morales se presenta a una nueva reelección y la gana, será "por voluntad del pueblo y por una sistemática ineficiencia política de la oposición".
Agregó que las críticas al proceso de selección de candidatos a magistrados carecen de sentido, porque la Comisión parlamentaria de calificación también eliminó a algunos que podían ser respaldados por el MAS, pero la oposición cree que aún hay mayoría oficialista entre los más de 300 que siguen en carrera.
El senador oficialista Adolfo Mendoza dijo que la oposición está "sistemáticamente generando un boicot" para que no haya autoridades judiciales legitimas desde octubre, como antes también se opuso a la Constituyente.
"Van a hacer absolutamente todos los intentos y van a generar a partir de ahora una guerra sucia", apuntó Mendoza al asegurar que la "transparencia" en la selección está garantizado.
Las primeras fases de selección e impugnaciones concluyeron con la eliminación de unos 200 abogados, entre ellos Eusebio Gironda, ex asesor de Morales y autor de un libro en el que llama al mandatario "Jiliri Irpiri" (Gran Conductor en aimara).
La oposición probó que Gironda formó parte de un Gobierno anterior que privatizó empresas estatales, motivo de inhabilitación.
También fue eliminado, por impugnación oficialista, el ex Defensor del Pueblo y abogado independiente Waldo Albarracín, quien indicó que su salida prueba de que la selección de candidatos será "exclusivamente para juristas afines al Gobierno".
La elección popular de los magistrados ha sido también polémica porque el reglamento para esos comicios limita a los medios de comunicación y a los mismos candidatos, que no podrán dar entrevistas sin el filtro del Tribunal Electoral.
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