A propósito del escándalo de La Polar, el autor explica por qué es importante el rol regulador del Estado a partir de una paradoja económica: las empresas piden mayor competencia, pero por su propia naturaleza siempre intentarán que el mercado falle, para así maximizar sus beneficios.
Durante el último tiempo ha sido común encontrarnos con eventos en que la mayoría de la población siente que el modelo económico chileno está fallando. Desde los problemas medioambientales, pasando por el lucro en la educación, para terminar recientemente con el caso de La Polar, una gran parte de la población ha acusado al “mercado” como el causante de muchas penurias de nuestra sociedad. Pero ¿podemos culpar a este artificio de construcción social y económica de todo? ¿O son quizás la falta de mercado y competencia, o la carencia de políticas correctoras las grandes responsables de estos males?
Aunque suene como una contradicción, quien debe garantizar la libre empresa es el Estado y quienes se empeñan en lo contrario son las empresas. Parece sorprendente pero así es.
El mercado no es otra cosa que una instancia en la cual, libremente, individuos que desean comprar un bien o servicio se encuentran con aquellos que lo desean vender. Si se previenen conductas monopólicas, la competencia podría llevar a una asignación eficiente de recursos, es decir los recursos se utilizarán de la mejor forma en que podrían usarse.
¿Qué hay de malo en ello? En principio, nada. Es cierto que el mercado no garantiza justicia en la distribución del ingreso, pero tampoco la impide. En toda sociedad, el Estado podría promover una reasignación de los recursos de una manera más justa y luego dejar al mercado operar para alcanzar un equilibrio eficiente que responda a una distribución del ingreso más equitativa. Al menos eso indica la teoría económica.
Las tribulaciones surgen cuando el mercado falla, y puede fallar por una serie de razones. Primero, cuando hay asimetrías de información, es decir cuando alguien cuenta con más información respecto del bien o servicio que se transará. Por ejemplo, cuando usted compra un departamento y nadie le informa acerca de la resistencia sísmica del edificio en donde éste se encuentra (y es costoso, averiguarlo), o cuando compra un chocolate y nadie le dice el contenido de grasas saturadas que usted o sus hijos ingerirá, o los niveles de sodio presentes en un cereal; o cuando compra en tienda de retail a crédito y desconoce que se habitúa reprogramar sus deudas sin preguntarle. Preguntemos a La Polar.
Segundo, el mercado puede fallar cuando no hay competencia y las empresas pueden obtener beneficios sobre-normales por cobrar un precio de un bien o servicio muy superior a su costo de producción, como cuando un par de cadenas de farmacias se coluden para cobrar precios más altos por los medicamentos que venden.
Por último, hay bienes y males que muchos experimentamos, tales como la contaminación del aire o la provisión de educación y áreas verdes, donde generalmente no se aplica un cargo por las consecuencias negativas o positivas de su existencia. Una empresa o consumidor que deba pagar por lo que ensucia, internalizará el daño que provoca y su decisión de cuánto contaminar cambiará radicalmente. Las áreas verdes son escasas en gran parte de Santiago, especialmente en los sectores pobres, pero es difícil financiarlas directamente para tener esos espacios que la sociedad valora.
Cuando el mercado falla y si se trata de un sector sensible para el bienestar de la población, el rol del Estado es intervenir, para hacer funcionar a dicho mercado de la manera más cercana posible a aquella que maximiza el bienestar social. Lo anterior implica reducir las asimetrías de información, promover la competencia perfecta, garantizar la internalización de las externalidades y la provisión de bienes públicos. La dificultad está en que en la mayoría de las ocasiones el mercado falla, y falla en sectores particularmente importantes como la educación, la salud, la previsión social y casi todos en los que usted pueda pensar. Los mercados a veces fallan debido a razones estructurales, pero el mercado también falla cuando aquellos que participan en él se empeñan en que así lo haga.
No se puede discutir que las empresas tienen un papel fundamental en la sociedad: generan empleo, crecimiento, bienestar y finalmente nos proveen de aquellas cosas que necesitamos. Pero las empresas no son organizaciones filantrópicas, por mucho que haya empresarios que sí lo sean. En toda sociedad, el objetivo de las empresas es maximizar ganancias, y las empresas harán todo lo posible por influir en las condiciones del mercado del tal forma que el resultado sea el que más las favorezca. En el fondo, una empresa sueña con transformarse en un monopolio, gozar de ventajas de información y no internalizar los costos de las externalidades que produce. Hace todo lo posible para que esto suceda: publicidad, fusiones, diferenciación de productos, etc. Por lo tanto, no debemos esperar de ellas más que un comportamiento consistente con el objetivo de maximización de rentas. En consecuencia, el rol regulador del Estado es crucial.
Pero aquí, entonces, se nos presenta una paradoja: quienes en su fuero más íntimo quieren que el mercado falle, al menos en la medida que eso las favorezca, son las empresas, y quien debería preocuparse por el correcto funcionamiento del mercado es el Estado.
Resulta, por lo tanto, simpático escuchar argumentos que señalan que una mayor intervención del Estado atenta contra el “mercado”, cuando lo que se busca es hacer los mercados más transparentes, corregir los efectos negativos de las decisiones privadas y lograr la provisión de bienes que de manera privada sólo serían producidos para una minoría de la población. Y resulta aún más simpático cuando estos argumentos son usados para defender al mercado por aquellos grupos que en el fondo lo que buscan es que falle.
Por supuesto que existen también las denominadas fallas de Estado, conocidas como captura regulatoria, problemas de agencia e inconsistencia dinámica, y regulaciones que son mejores que otras. En nuestro país muchas de ellas no son las más apropiadas, pero eso no deslegitima la función que el Estado debe cumplir sino que demanda de una ciudadanía informada que exija al Estado llevar a cabo su cometido de manera correcta.
Por lo tanto la próxima vez que escuche a alguien hablar en contra del mercado quizá por falta de información esté equivocado y lo que en verdad esté haciendo sea hablar en contra de las fallas de mercado. O cuando escuche a alguien defendiendo al mercado y la competencia, quizá lo que esté haciendo, con mucha información, sea intentar perpetuar esas fallas con tal de aumentar sus ganancias. ¡Qué paradoja!
Ciper(*) PhD en Economía de la Universidad de Reading, Inglaterra, y profesor asociado de la Facultad de Economía y Empresa de la UDP. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Cambridge. Sus áreas de especialización son: economía urbana, segregación y organización industrial.
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